El régimen de Maduro envía a Rocío San Miguel a la cárcel más cruda del país y vigila a su familia

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

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Rocío San Miguel, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en febrero del 2017.
Rocío San Miguel, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en febrero del 2017. Jeffrey Arguedas | EFE

Su hija, hermanos y expareja están libres con medidas cautelares

15 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Cinco días después de su detención, un juez venezolano liberó —con medidas cautelares— a la hija, los hermanos y una expareja de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel. Pero ordenó que la defensora de derechos humanos sea recluida en el Helicoide, la siniestra cárcel de la policía política venezolana, imputada por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración para cometer un magnicidio.

La medida se extendió a Alejandro González, también expareja de la directora de la oenegé Control Ciudadano, detenida el viernes de la semana pasada, cuando salía del país con su hija Miranda por el aeropuerto de Caracas, momento en el que conoció que había una orden de detención en su contra por participar en la supuesta operación Brazalete Blanco para asesinar a Nicolás Maduro, por la que ya el 22 de enero había 32 personas detenidas.

Sobre la detención de San Miguel se pronunció el martes la Comisión Europea a través de su portavoz de Exteriores y Política de Seguridad, Nabila Massrali, quien pidió su liberación inmediata. «Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los defensores de los derechos humanos», afirmó Massrali.

Acusaciones molestas

Las acusaciones de los abogados defensores de San Miguel —quienes señalaron que la activista pasó cinco días en «desaparición forzada temporal», que su audiencia de presentación fue realizada de madrugada y que fue «defendida» por abogados de oficio al servicio del Estado— enervaron al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien este miércoles defendió la actuación del Ministerio Público.

Saab, que el martes suscribió un comunicado de la Fiscalía denunciando «una feroz campaña desde el exterior» contra su despacho, insistió ayer en esta versión frente a las cámaras de la televisión estatal venezolana, e insistió, adicionalmente, en lo que es la tesis oficial de la revolución bolivariana: que las oenegés venezolanas están al servicio de «potencias extranjeras» para la desestabilización del país.

«Cuando mienten afectan al sistema de justicia y dañan a la persona que dicen defender. La señora Rocío San Miguel fue presentada en tribunales dentro de los lapsos legales correspondientes», sostuvo el fiscal, designado en el 2017 en su cargo por una Asamblea Constituyente creada por el chavismo para anular al Parlamento en el que, por voto popular, la oposición tenía una mayoría de dos tercios de los escaños.

«La operación Brazalete Blanco, que tenía como objetivo atacar a cuarteles militares, no es una operación terrorista para estas personas sino humanitaria. Por Dios, el mundo despertó con pruebas en la mano», señaló Saab para justificar las detenciones por este supuesto intento de magnicidio, el más reciente de los casi 30 que ha denunciado Maduro a lo largo de sus ya 11 años en el poder en Venezuela.

La aplicación de medidas cautelares a la hija y hermanos de San Miguel fue calificada por sus abogados como un acto de intimidación, toda vez que si no colabora con la policía política, estos pueden volver a prisión. Más de diez mil personas en Venezuela tienen limitados sus derechos políticos por la aplicación de este tipo de medidas sustitutivas en vez de libertad plena.