Estos son los concejos en los que desde hoy no se puede plantar patata

Luis Ordóñez
Luis Ordóñez REDACCIÓN

ASTURIAS

Concejos infestados y zonas tampón por la plaga de la polilla guatemalteca en Asturias
Concejos infestados y zonas tampón por la plaga de la polilla guatemalteca en Asturias

El BOPA señala los municipios y parcelas en los que no se permitirá el cultivo del tubérculo durante, al menos, dos años

16 mar 2017 . Actualizado a las 14:28 h.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha recogido hoy la relación de concejos en los que estará prohibida la plantación de patatas, durante un periodo mínimo de dos años, hasta la erradicación de la plaga de la polilla guatemalteca. La resolución asturiana adapta al territorio autonómico la normativa recogida en un Real Decreto eleborado por el Ministerio de Agricultura el pasado 4 de marzo. En concreto el BOPA señala como zonas infestadas por la plaga a los concejos de San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol y Taramundi, junto a una serie de parcelas (recogidas en el mapa) dentro de los municipios de Navia, Valdés y Cudillero. Junto a ellos se delimita una denominada «zona tampón» que, además de esas áreas incluidas en la zona infestada, incluyen a los concejos de Tapia de Casariego, El Franco, Coaña y Villayón.

Durante dos años «y hasta que se declare oficialmente la erradicación de la plaga» se prohíbe el cultivo de patata en todos los concejos y parcelas declarados como zona infestada. Además se indica que, en esos municipios, todas las plantaciones existentes «serán desenterradas y retiradas bajo control oficial» para ser destruídas. Lo mismo ocurrirá con todos los tubérculos de campañas anteriores, así como con los rebrotes que aparezcan durante el periodo en que esté vigente esta prohibición de cultivo. Sin bien, el BOPA señala que en las parcelas de cultivo de la campaña anterior «aún no cultivadas» deberá realizarse un «tratamiento fitosanitario con productos autorizados» antes de hacer cualquier nuevo cultivo.

La erradicación de la polilla guatemalteca exige medidas radicales, afecta a más de una treintena de municipios en Galicia y es endémica en las islas Canarias desde donde se sospecha que saltó al continente. Para ello, la normativa señala también que en las zonas infestadas no se permitirá el almacenamiento de patatas en cultivos de autoconsumo, los sacos y embalajes que hayan estado en contacto con los tubérculos afectados deberán ser destruidos y los almacenes en sí tendrán que ser desinfectado y acoger la instalación de trampas de feromonas para la captura del insecto.

La normativa señala que en los almacenes comerciales, la detección de la plaga «supondrá la destrucción de todos los lotes de patatas afectados», detalla la obligación de instalar mallas muy tupidas en todos los huecos y ventanas y advierte de que no se podrá comercializar la patata producida en la zona infectada. 

De hecho en estos concejos del occidente asturiano, la entrada y circulación de patata de consumo «se realizará exclusivamente para el consumo directo e irán preparadas y envasadas para el consumidor final», queda prohibida la comercialización de patata a granel y se regula de forma muy explícita la forma en la que se podrá transportar y circular con el tubéculos en las zonas afectadas.

El decreto del BOE establece sanciones de distintos grados para quienes no respeten estas restricciones. Así para infracciones leves fija multas de entre 300 y 3.000 euros. Estas serían para los casos en los que no se respetaran los requisitos fijados para producción o comercialización de la patata o el no cumplir con la obligación de informar a la administración sobre los cultivos. Pero la norma también recoge los casos de infracciones graves o muy graves, aquellas en las que se aportara documentación falsa, se impidiera el acceso a los inspectores, la comercialización de tubérculos afectados o en los casos más sangrantes la circulación de vegetales ya inmovilizados. Así, la ley señala que en estos casos las multas pueden ascender a entre 3.001 a 120.000 euros en los casos graves y entre 120.001 a 3.000.000 de euros en los muy graves.