Los conservadores proponen incrementar la cuantía de la prestación pero controlar que los perceptores no rechacen «sin justificación ofertas de empleo»
19 abr 2017 . Actualizado a las 14:03 h.El Partido Popular propondrá una reforma amplia del Salario Social de la comunidad para que las percepciones de la ayuda no sean permanentes sino que se limiten a un máximo de dos años «prorrogable por un año más por causas excepcionales», salvo para aquellas personas que por razones de edad o de capacitación estén exentas de buscar un empleo. Además, los populares han apostado por introducir mecanismos de control para que «no se rechacen, sin justificación, ofertas de empleo» entre los beneficiarios de la prestación. Medidas todas ellas destinadas, según destacó la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, a «garantizar» la ayuda y que no «se estrangule» por problemas de gestión que, a su jucio, han llevado «al colapso» el Salario Social con un notable incremento de solicitudes y fondos destinados a los pagos de las nóminas (más de 100 millones de euros en en último año) además de retrasos en el trámite de las peticiones, cuando se cumplen 10 años de la aprobación del Salario Social asturiano.
Junto a Mercedes Fernández compareció el diputado Matías Rodríguez Feito, quien destacó que una década después el balance de la gestión de esta prestación era que resulta «ineficaz, insolidaria, irresponsable y está frenando la búsqueda de empleo», algo que achacó a los responsables del Ejecutivo socialista y al hecho de que, a diferencia de en otras comunidades con modelos similares al Salario Social, en Asturias «se percibe de forma continuada». Rodríguez Feito destacó que de los alrededor de 25.000 perceptores que hay en Asturias en la actualidad de esta ayuda, 14.558 son a la vez demandantes de empleo y sólo un porcentaje de entre el 20% y el 25% están exonerados de su búsqueda por razones de edad o de capacitación física o psíquica. Entre las propuestas de la reforma que el PP quiere llevar a pleno, se encuentra también un incremento de la cuantía de la prestación hasta los 532 euros mensuales frente a los 442 actuales y que sea compatible con «una actividad laboral siempre que el sueldo sea menor al Salario Mínimo Interprofesional».
El pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó un convenio entre las consejerías de Empleo y Servicios Sociales para que los perceptores de esta ayuda contaran con intinerarios personalizados en la búsqueda de trabajo. En su comparecencia de este miércoles, Matías Rodríguez Feito recordó que, diez años atrás, cuando se aprobó el Salario Social en Asturias contaba con un presupuesto de alrededor de 10 millones de euros para 4.317 beneficiarios y que una década después, los fondos destinados a esta ayuda se han multiplicado por hasta alcanzar los 100 millones de euros anuales y por encima de los 20.000 perceptores; «salen a 16 solicitudes diarias desde enero». Una cifra que crece además y acumula grandes retrasos en sus tramitaciones. Según los datos ofrecidos por la propia Consejería de Derechos Sociales, en este mes de marzo aún se tramitaban solicitudes de noviembre del año pasado.
La presidenta del PP asturiano señaló que «no hay que tener miedo a hablar o tocar según qué cosas, hay que tener respeto a las personas» y se delantó a las críticas que pudiera recibir su propuesta por parte de otras formaciones, singularmente de IU, destacando que su grupo había aprobado «por responsabilidad» los presupuestos autonómicos de este 2007 y también en 2015 con lo que «se garantizó el Salario Social y sus percepciones». Mercedes Fernández hizo además un llamamiento a las organizaciones empresariales para que «den un paso al frente y se comprometan», no sólo limitándose a criticar la prestación. De hecho, en la reforma del PP se incluye un acuerdo con la patronal para que las empresas cuenten con bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en el caso de que contraten a personas acogidas a esta prestación.
El PP ha reclamado además que se agilicen las tramitaciones de manera que las personas que habiendo sido beneficiarias de la prestación y que luego hubieran encontrado un empleo, no tengan que «empezar de cero» la solicititud en el que caso de que necesitaran acogerse a ella de nuevo. También, y de acuerdo con organizaciones empresariales, el PP quiere que se una el Salario Social a «un estudio riguroso y profundo de las necesidades del mercado laboral» y la introducción de mecanismos de control trimestrales para comprobar que «las condiciones por las que se concedió el Salario Social no han cambiado».
Matías Rodríguez Feito comparó el Salario Social (que en el caso de Asturias es un derecho subjetivo) con prestaciones similares de otras comunidades y puso como ejemplo los casos de Madrid o Andalucía, con mucha más población pero que dedican muchos menos recursos a estas ayudas. En muchos casos, según destacó el diputado, las prestaciones y rentas se limitan en el tiempo (entre unos meses y uno o dos años) mientras que no sucede así en Asturias. Por su parte, Mercedes Fernández incidió en que a los beneficiarios de esta renta «no se les debe impedir tener un complemento laboral», de forma que pudieran percibirla a la vez que se compagina con un trabajo con un sueldo por debajo del SMI ya que el «estímulo» de tener un empleo «también es importante».