Las medidas de protección de la industria arrancan en un momento de incertidumbre global mientras ArcelorMittal confirma el horno eléctrico de Gijón pero aún no la planta de DRI
10 may 2024 . Actualizado a las 20:43 h.La del jueves fue una jornada agridulce para la industria asturiana. Fue un día de celebración y con sustancia por el hecho de que se confirmara el arranque del horno eléctrico de ArcelorMittal, en el primer trimestre de 2026; pero a la par la cúpula directiva de la multinacional se resistió a comprometerse con el otro gran proyecto sobre el que se sostiene la transición energética de la siderurgia asturiana: la planta de hierro de reducción directa (DRI), que debería funcionar con hidrógeno verde, para la que la UE ha puesto sobre la mesa 450 millones de euros pero la compañía no ve rentable.
Para el presidente de ArcelorMittal en España, José Manuel Arias, se trata de «que los países [de la UE] entiendan el riesgo que existe de que las condiciones que tiene que dar no sean las que se obtienen fuera de Europa» y añadió que lo más importante es conseguir que las condiciones económicas sean «sostenibles» y no «ficticias» para la industria. ¿No funcionan acaso las multimillonarias ayudas europeas? ¿Qué ocurre con el arancel ambiental destinado a proteger la industria del continente frente a competidores que ni siquiera consideran medidas contra la contaminación?
En primera línea del desarrollo de ese arancel estuvo el eurodiputado Jonás Fernández, porque además Asturias (con el apoyo de varios ejecutivos pero también los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos) fue un territorio que empujó decisivamente para su aprobación. «El arancel entró en vigor el 1 de enero de este año y en un par de años es cuando se verá que se está pagando. Creo que hay que tener en cuenta que Europa suele innovar bastante, fuimos los primeros en crear un mercado de derechos de emisión y ahora somos los primeros en crear un arancel, que viene a cubrir los costes de las emisiones locales de CO2», indicó.
En todo caso, Fernández recalcó que se trata de un mecanismo complejo, es difícil calcular las emisiones de terceros países, «lo suficientemente complejo para que tengamos que ir aprendiendo y cambiando a medida que lo vamos implementando» y añadió que se trata no sólo de fijar una condiciones sostenibles para la industria europea sino incentivar que esos terceros países hagan políticas ambientales. En todo caso también lanzó una advertencia a las compañías, como el gigante del acero que no sólo está congelando proyecto como la planta de DRI en Asturias sino en otros miembros de la unión.
«También llega un momento en que las compañías tienen que asumir una responsabilidad en esto», indicó Jonás Fernández para recordar que desde las instituciones europeas se ha desplegado un intenso esfuerzo de ayudas, para la planta de DRI de ArcelorMitall están aprobado más de 450 millones de euros --y este jueves el comisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial, Luis Ángel Colunga, destacó que el compromiso sigue vigente para atajar cualquier duda--, y en España la excepción ibérica tiene uno de los precios de la electricidad más baratos del continente. «Puedo entender todas las incertidumbres que pueda haber en el desarrollo del acero verde, que yo lo puedo entender, pero Arcelor en Asturias está en la misma posición que en otros países donde han pedido ayudas a los estados, la Comisión se los ha concedido, y no acaban de iniciar las obras. El precio de la luz es uno de los indicadores que está dentro ya de la ayuda de estado y lo que no puede ser es una reclamación sin fin».
ArcelorMittal ya cuenta con el informe ambiental favorable para poder levantar la planta de DRI en la factoría de Veriña, instalación que sustituiría a un alto horno y completaría el plan descarbonizador de la factoría gijonesa de ArcelorMittal, que de momento mantiene congelado este proyecto y sigue sin confirmar la inversión. No obstante, José Manuel Arias resaltó en Gijón que «cargar» en las instalaciones de Asturias con una fabricación más cara «de la que se puede obtener fuera de Europa» no es sostenible, al tiempo que ha reclamado unos precios de la energía y del hidrógeno «competitivos», según citó Efe.
Hay todo un pequeño terremoto en todo el sector de la industria pesada y un regreso al proteccionismo entre las grandes potencias. Fue muy patente en el caso de las vacunas en la pandemia (con EEUU y el Reino Unido limitando la salida de las dosis en las primeras etapas de producción mientras la UE las distribuía a otros países) y está ocurriendo ahora igualmente con las ayudas a la transición energética. En Estados Unidos se aprobó y está en marcha ya su plan Inflation Reduction Act (IRA) que está dotado nada menos que de 400.000 millones de dólares de líneas de ayuda pública a la industria. Y se han llevado a su terrenos proyectos que Europa pensaba que se desarrollarían aquí. Es una competencia con ayudas públicas, nada que ver con la ilusión de un 'libre mercado'.
«Son créditos fiscales que en Europa no podemos usar porque los impuestos son de los estados, no tenemos impuestos europeos», señaló Jonás Fernández que defendió en todo un giro en la unión que a dado luz a los fondos Next Generation, programas de compras de deuda común, que hace apenas una década eran considerados heréticos por quiene marcaron las políticas económicas de la Gran Recesión. En todo caso el eurodiputado asturiano indicó que «cuando vamos a comprar algo en un supermercado, pues obviamente el precio es una variable a medir pero no la única, y la competitividad no es sólo tener precios bajos de energía. No es lo mismo un producto que genera un trabjador asturiano que uno producido en un país del tercer mundo, la condiciones medioambientales no son sólo una cuestión de sostenibilidad sino de calidad del producto».