Castilla y León propone pagar el peaje del Huerna a los residentes de su comunidad

La controversia sobre el peaje del Huerna (cuya prórroga hasta el año 2050 ha sido considerada ilegal por un dictamen de la Unión Europea) no cesa. El Ejecutivo central espera prolongar la situación llevando el caso al  tribunal de Justicia de la UE lo que podría demorar durante años la supresión del pago en la vía; mientras tanto el gobierno del Principado ha emplazado al central a bonificar en su totalidad el peaje para todos los usuarios hasta que haya esa decisión definitiva, pero el Ministerio se niega. En la otra comunidad afectada, en Castilla y León, su gobierno ha indicado que pretende hacerlo por su cuenta y para sus residentes pero ya ha recibido una advertencia desde el central porque eso podría ir contra la normativa europea.

En concreto esta semana, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, avanzó que su gobierno convocará un «procedimiento de concurrencia competitiva» por diez millones de euros para subvencionar los peajes de las autopistas de Castilla y León —la AP-6, AP-61, AP-51, la AP-71 y la AP-66 (en estudio)— a los usuarios que las utilicen y cumplan una serie de requisitos y condiciones «objetivas», como la «recurrencia» o el «empadronamiento»; según recogieron diarios de esa comunidad.

El consejero de Movilidad aclaró a la oposición que los residentes en Castilla y León «tendrán que abonar el precio del peaje fijado por el Gobierno y las concesionarias como un usuario más, sin ningún tipo de discriminación», algo que, admitió, «no está permitido por la legislación». No obstante, según afirmó, la Junta de Castilla y León compensará después con un sistema de ayudas basado en la concurrencia competitiva, con un límite de diez millones de euros.

Según explicó el consejero, los usuarios con un «determinado perfil», como la recurrencia en el uso o el empadronamiento en la Comunidad, podrán tener un «retorno» por parte de la Junta. Todo esto se asemeja a las bonificaciones actuales que ya han sido aprobadas por parte del Gobierno central pensando en beneficiar especialmente a usuarios recurrentes de la vía y que utilicen el sistema de pago automático. Pero los planes de la Junta de Castilla y León han recibido ya una advertencia desde el Ejecutivo central.

Así, el Ministerio de Transportes ha avisado a la Junta de que bonificar los peajes solo a los usuarios empadronados en Castilla y León «vulnera la legalidad comunitaria», que exige que las tarifas o descuentos en la red viaria se apliquen «en condiciones de igualdad a la población». Así lo afirmó la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, durante una comparecencia en el Congreso, en respuesta a los diputados del PP.

Báguena se refirió a la «viabilidad jurídica» de la medida anunciada por la Junta y recordó que las normas europeas establecen que las tarifas «no deben discriminar por motivos de residencia o nacionalidad». A su juicio, esta bonificación «contraviene los principios de no discriminación» de la Unión Europea. La secretaria general insistió en que «condicionar una rebaja al empadronamiento podría vulnerar la legislación», aunque confió en que la Junta «lo haya valorado antes de anunciar la bonificación».

Además, subrayó que la Comisión Europea ha reiterado este principio como un «fundamento esencial» que los Estados deben respetar en sus sistemas de tarificación. Báguena también aludió al «impacto» y «alcance real» de la medida, señalando que los diez millones de euros previstos representan «únicamente el cinco por ciento» de los 196,31 millones que las concesionarias ingresaron en 2023 por el cobro de peajes en la Comunidad.

Lo que pide Asturias

Mientras tanto en las últimas semanas las propuestas del Principado se han centrado en solicitar al Ejecutivo central que bonifique en su totalidad el peaje del Huerna (AP-66) para todos los usuarios mientras no se adopte una decisión definitiva sobre su eliminación. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, argumentó que se trata de una medida de «coste reducido» y de una «señal política» que reflejaría la voluntad del Gobierno central de favorecer a los asturianos, «severamente lastrados» por este pago. Sin embargo, el Ministerio de Transportes se ha mostrado reacio a aceptar la propuesta.

La petición coincide con un fallo reciente del Tribunal Supremo sobre la autopista AP-9, en Galicia, que condena a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre 2015 y 2018. La sentencia, que califica de «abusiva» la actuación de la empresa, establece que no redujo los importes pese a registrarse más de 200 retenciones —81 de ellas de «especial relevancia»— y que incumplió su obligación de garantizar una prestación «correcta» del servicio. Los magistrados subrayan que esa falta de reciprocidad generó un «desequilibrio» con los usuarios, quienes abonaron el canon completo sin disfrutar de una circulación fluida.

A raíz de este precedente, el Gobierno asturiano estudia solicitar al Ministerio de Transportes la suspensión del cobro del peaje del Huerna mientras duren las obras en el argayo que cortó la vía hace un año y en los túneles por mantenimiento en el presente. El presidente del Principado, Adrián Barbón, consideró que «es razonable añadir esa petición» y reiteró la posición contraria de la comunidad y de la Federación Socialista de Asturias a este peaje. Barbón aseguró que el Principado «utilizará todos los resortes de negociación política, administrativa o contenciosa» para lograr su eliminación, en un contexto en el que las incidencias en la vía afectan de manera prolongada a la única conexión por autopista de Asturias con la meseta.