Tras un año del desprendimiento y con obras de modernización en los túneles, sentencias y dictámenes han reabierto el debate sobre el cobro en la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta
09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Era relativamente temprano, antes de las 10 de la mañana, cuando la montaña se derrumbó literalmente sobre la autopista AP-66, el paso del Huerna, la única conexión por autopista entre Asturias y la meseta. Fue hace un año y sucedió con relativa buena suerte, ese fin de semana el Sporting jugaba en Burgos y unos cuantos centenares de aficionados ya circulaban por la vía que tiene un tráfico relevante de por sí, fue casi milagroso que el desprendimiento, uno de los mayores argayos reciente, no arrollara a ningún vehículo.
De hecho las primeras informaciones sobre el derrumbe llegaron a través de las redes sociales, con conductores que se habían encontrado las toneladas de piedra, con una inmensa roca en mitad de la calzada, habiendo caído sobre el asfalto; vídeos y fotografías realizadas prácticamente al momento del incidente, y todo afortunadamente, sin heridos.
Las rocas cubrieron los cuatro carriles de la autopista en una vía por la que pasan una media diaria de 6.000 vehículos y 1.200 camiones. La Guardia Civil empezó a desviar el tráfico al Puerto de Pajares (y días después, con la nieve, esto representó un problema relevante para la circulación de camiones); según el parte de la Benemérita, como consecuencia del desprendimiento, un total de 161 vehículos -145 turismos, 14 camiones y dos autobuses con pasajeros- permanecieron bloqueados, sentido León, durante más de dos horas hasta que terminaron de ser evacuados sobre las 12:30 horas.
La montaña cayó sobre la carretera el 10 de noviembre y 17 días después se reabrió al tráfico con un by-pass que obliga a un paso sinuoso y lento, en la subida a la montaña. Además en los últimos meses han sido varias las obras realizadas tanto en la calzada como en los túneles y los usuarios no han dejado de manifestar su descontento. Las obras para reabrir totalmente la vía en el área donde cayó el argayu contaban con prolongarse todo un año pero será algo más, hasta el verano de 2026 y las obras de modernización también varios meses llegando al año próximo.
El peaje
Y aquí es donde entra la cuestión del peaje, la de una sentencia y la de un dictamen de la Comisión Europea.
El peaje del Huerna, una vía que abrió en los años 70 del siglo pasado, debería haber terminado en 2021, pero siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, el Gobierno de Aznar aprobó una prórroga hasta el año 2050 para que la vía siguiera siendo de pago. Tras una denuncia, iniciada por el exsecretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, la Comisión Europea emitió un dictamen en que consideró que esa prórroga fue ilegal porque no salió a concurso y se adjudicó 'a dedo' a Aucalsa. Este dictamen de la Comisión está fundado y consolidado pero el Ejecutivo Central puede optar (y todo apunta a que lo hará así) por tratar de prolongar la situación en el tribunal de Justicia de la UE. Los más probable es que la sentencia ratifique el dictamen de la Comisión, pero el Gobierno habría logrado retardar la supresión del peaje unos cuantos años.
Es por esto que el Ejecutivo asturiano ha emplazado al central a bonificar en su totalidad el peaje para todos los usuarios hasta que haya esa decisión definitiva, y lo argumenta por tratarse de una solución de coste reducido y como una señal política, en palabras del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, de su voluntad de favorecer a los asturiano, hasta ahora severamente lastrados por este pago. Pero el Ministerio de Transportes es muy reacio a hacerlo.
En el interín se ha dado otra sentencia, una del Tribunal Supremo sobre la AP-9, en la comunidad vecina de Galicia y que condena a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre 2015 y 2018. Con este fallo el Gobierno del Principado está valorando la posibilidad de solicitar al Ministerio de Transportes que se suspenda el cobro del peaje del Huerna (AP-66) mientras duren las obras en el argayu y los túneles.
El presidente asturiano, Adrián Barbón, señaló que «es razonable añadir esa petición» y reiteró la posición del Principado y de la Federación Socialista de Asturias en contra de este peaje, asegurando que la comunidad «utilizará todos los resortes de negociación política, administrativa o contenciosa» para lograr su eliminación.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados a los usuarios de la AP-9 entre febrero de 2015 y junio de 2018, cuando las obras del puente de Rande provocaron continuas retenciones. La Sala de lo Civil revoca la decisión de la Audiencia de Pontevedra y confirma la sentencia inicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la misma provincia, que calificó de «abusiva» la actuación de la concesionaria y ordenó la devolución de las cantidades «indebidamente pagadas».
El alto tribunal sostiene que, durante el periodo de obras, Audasa no redujo los importes del peaje pese a registrarse más de 200 retenciones, de las cuales 81 fueron de «especial relevancia». Los magistrados subrayan que la empresa incumplió su obligación de garantizar una prestación «correcta» del servicio, lo que generó un «desequilibrio» y una «falta de reciprocidad» con los usuarios que abonaron el canon completo sin recibir una circulación fluida.
El Supremo también considera que la concesionaria debía informar con antelación suficiente sobre los atascos para que los conductores pudieran decidir «libremente» si utilizar la autopista. Al no hacerlo, y cobrar el peaje íntegro pese a las incidencias, «se limitó el derecho de los usuarios a poder obtener una exención o reducción del precio». Según la sentencia, los afectados «no consintieron» ese cobro porque desconocían la magnitud de las retenciones derivadas de las obras.
No obstante, la resolución puntualiza que el fallo no es extensible a otras autopistas gestionadas por la misma empresa, ya que la demanda se refiere exclusivamente a la AP-9 y a las circunstancias concretas del puente de Rande. El caso abre, sin embargo, un precedente jurídico relevante que el Gobierno asturiano estudia aplicar al contexto del peaje del Huerna, en un momento en que las obras afectan de manera prolongada a la normal circulación por la principal vía de conexión con la meseta.