El Gobierno aprueba el indulto para «Las seis de la Suiza»

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión del indulto a los seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) conocidos como «Las seis de la Suiza». La medida de gracia, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, extingue la responsabilidad penal de las cinco mujeres y el hombre que cumplían una condena de tres años y seis meses de prisión por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia.

Los beneficiarios de la medida se encontraban hasta ahora en régimen de tercer grado o semilibertad en el Centro Penitenciario de Asturias, donde ingresaron voluntariamente el pasado mes de julio. La resolución del Ejecutivo llega tras una intensa campaña de movilización social y el respaldo explícito de diversas formaciones políticas y sindicales.

Polémica sentencia

El caso se remonta a junio del 2017, derivado de un conflicto laboral en la hoy desaparecida pastelería La Suiza, ubicada en Gijón. Los hechos se desencadenaron cuando una empleada del establecimiento, que se encontraba embarazada, solicitó abandonar su puesto al sentirse indispuesta. Ante la negativa del propietario, se produjo un altercado entre este y la pareja de la trabajadora, que terminó con daños materiales en el local y una denuncia judicial.

Posteriormente, la empleada acudió a la CNT para gestionar su salida de la empresa, denunciando situaciones de acoso laboral y sexual que el propietario siempre negó. El sindicato intentó negociar una indemnización de aproximadamente 6.000 euros y la retirada de la denuncia contra la pareja de la mujer. Al no alcanzarse un acuerdo, la organización inició una campaña de protestas que incluyó concentraciones ante el negocio, reparto de pasquines y difusión de mensajes en redes sociales.

La justicia, en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, consideró que estas acciones excedieron el ejercicio de la libertad sindical. El fallo judicial determinó que el propietario se vio obligado a cerrar el establecimiento y trasladarse de ciudad debido a una «presión constante, reiterada y desproporcionada». Además de las penas de cárcel, los condenados fueron obligados al pago de una indemnización de 150.000 euros por los perjuicios económicos y psicológicos causados.

Desde el Ministerio de Trabajo, departamento que ha liderado la propuesta en el gabinete, se ha defendido la legitimidad de la acción sindical frente a lo que consideran una «condena inapropiada en una democracia». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había manifestado previamente su compromiso con las familias de los encausados, sosteniendo que «hacer sindicalismo no es delito».

Por su parte, los informes favorables al indulto han subrayado la plena inserción social, laboral y familiar de los seis condenados, quienes carecían de antecedentes penales previos a estos hechos. Organizaciones políticas, como el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Sumar o Bildu, así como figuras de la cultura, como el artista Rodrigo Cuevas, se habían sumado a la petición de libertad, alegando razones humanitarias y de proporcionalidad.