La vicepresidenta ha asegurado que la sentencia la ha «escandalizado» y ha afirmado que «en democracia esto nunca ha pasado»
04 jul 2025 . Actualizado a las 13:56 h.La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes en Oviedo que se va a «poner al servicio» de las sindicalistas condenadas a penas de prisión conocidas como las «Seis de la Suiza» para ayudarlas «en todo lo que pueda» y se ha comprometido a apoyar la tramitación de su indulto por parte del Gobierno.
Díaz se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa en la Junta General del Principado tras mantener una reunión con las sindicalistas en la que también han participado el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que la sentencia, que condena a seis sindicalistas a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia por participar en las protestas convocadas frente a la Pastelería La Suiza, en Gijón, la ha «escandalizado» y ha afirmado que «en democracia esto nunca ha pasado».
Por este motivo, se ha comprometido a apoyar el indulto, que ha asegurado que «el Gobierno va a tramitar», así como en ayudar «en todo lo que pueda de aquí en adelante» como vicepresidenta segunda del Gobierno y en el sentido de «propiciar todo tipo de asesoramiento» que puedan requerir. Díaz ha denunciado que existe una «ola reaccionaria» que tiene el «objetivo claro» de restringir derechos fundamentales de los trabajadores como el de huelga. A este respecto, ha señalado la «ley anti huelga» del presidente de EE.UU., Donald Trump, así como políticas similares de otros políticos como el presidente argentino, Javier Milei o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
También ha asegurado que, como ministra de Trabajo, su deber es representar a los trabajadores y ha lanzado un «mensaje fuerte y antitético al que sale de los tribunales», al tiempo que ha animado a los trabajadores a que «tengan confianza en su capacidad de movilización y la defensa legítima de sus derechos».
Los hechos
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de las pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local. Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una «campaña de presión sobre el empleador y su familia».
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual. Las condenadas, según el relato de hechos, «incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión» hacia el empresario y su familia porque este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de esta.
Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue «la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados», informa Efe.