Los datos que explican la polémica de las oposiciones a maestro en Asturias

Las oposiciones al cuerpo de maestros celebradas este año en Asturias han terminado, cuanto menos, con polémica. Al elevado número de suspensos se han sumado las críticas de los sindicatos por el sistema de revisión de las pruebas y la respuesta de la Consejería de Educación, que atribuye los resultados a las faltas de ortografía, los problemas de comprensión lectora y, en líneas generales, una preparación insuficiente de parte de los aspirantes. Los datos oficiales publicados por el Principado ayudan ahora a dimensionar lo ocurrido.

El primero de ellos refleja que, de las 6.014 personas admitidas, 5.170 llegaron a presentarse al examen. Sin embargo, casi uno de cada tres aspirantes, 1.586 en total, acudió únicamente a firmar o abandonó la prueba en los primeros 15 minutos, de modo que solo 3.584 opositores completaron realmente el ejercicio. De ellos, únicamente 1.314 lograron superar la primera prueba, lo que supone un porcentaje de aprobados del 36,66 %. Dicho de otra forma, casi dos de cada tres personas que realizaron el examen no consiguieron pasar el primer corte.

Las diferencias también fueron significativas entre especialidades. Música registró el porcentaje de aprobados más alto entre aquellas con un volumen relevante de opositores, con un 59%. Educación Primaria alcanzó un 42%, mientras que Pedagogía Terapéutica obtuvo un 38% y Educación Física y Audición y Lenguaje, un 37%. En el extremo contrario se situó Repertorio con piano para instrumentos, donde únicamente tres de los 19 aspirantes que completaron la prueba consiguieron aprobar, un 16%. Educación Infantil, la especialidad con mayor número de inscritos, cerró la primera prueba con 294 aprobados de los 960 opositores que finalizaron el examen, un 31%.

Tras conocerse estos resultados, la Consejería de Educación defendió públicamente el trabajo de los tribunales y sostuvo que las faltas de ortografía constituyeron «una de las causas más relevantes» del elevado número de suspensos. Según el departamento que dirige Eva Ledo, los correctores detectaron de forma generalizada errores ortográficos, un uso incorrecto de los signos de puntuación, problemas de sintaxis, dificultades de comprensión lectora y, en general, una preparación insuficiente en parte de los aspirantes.

Fuentes consultadas por este periódico que han tenido acceso a la corrección de los ejercicios aseguran que algunos exámenes contenían errores ortográficos de especial gravedad, con palabras escritas como «boy» en lugar de «voy», «acer» por «hacer», «a de ser» en vez de «ha de ser», «coheducacion» o «colavoracion». Las mismas fuentes sostienen que también se apreciaron dificultades de comprensión lectora, ya que algunos opositores respondían con un tema previamente preparado sin ajustarse a lo que realmente planteaba el enunciado. «Llegaban con una lección aprendida y solo querían soltarla sin llegar a leer correctamente lo que se les preguntaba», resumen.

La Consejería también aseguró que los miembros de los tribunales fueron «los primeros sorprendidos» por el nivel observado en algunos ejercicios y defendió que actuaron con «indulgencia» durante las correcciones. Además, insistió en que la penalización por las faltas de ortografía figuraba expresamente en las bases de la convocatoria y recordó que el procedimiento permite presentar reclamaciones una vez finalizada la segunda prueba, con la posibilidad de retrotraer actuaciones si alguna de ellas prospera.

Las explicaciones de Educación, sin embargo, no han convencido a todos los sindicatos. CCOO y CSIF consideran que el principal problema no reside en la severidad de la corrección, sino en la falta de un mecanismo que permita revisar los exámenes antes de que los aspirantes queden definitivamente excluidos del proceso. Ambas organizaciones reclaman la publicación de las rúbricas de evaluación, un mayor acceso a los ejercicios corregidos y un procedimiento de reclamación efectivo entre la primera y la segunda prueba.

Suatea ha mantenido una posición diferente. El sindicato ha expresado su «apoyo y más absoluta confianza» en los miembros de los tribunales y ha rechazado que la frustración de quienes suspendieron pueda traducirse en cuestionar su labor o en considerar que el proceso selectivo sea «una lotería». No obstante, también plantea cambios para futuras convocatorias, como permitir la revisión de las pruebas tras cada ejercicio, publicar las rúbricas junto con la convocatoria y reorganizar el calendario para que los tribunales dispongan del tiempo necesario para resolver las reclamaciones antes de que continúe el procedimiento.