«Acer», «boy» o «colavoracion»: las graves faltas de ortografía detectadas en las oposiciones a maestro en Asturias
ASTURIAS
La Consejería de Educación sostiene que la penalización por estos errores figuraba en las bases de la convocatoria, mientras los sindicatos centran sus críticas en el sistema de revisión de las pruebas
09 jul 2026 . Actualizado a las 16:42 h.Las faltas de ortografía se han situado en el centro del debate tras la publicación de los resultados de la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de maestros en Asturias. La elevada cifra de suspensos ha abierto un intenso debate entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales sobre las causas de los resultados y las garantías del proceso selectivo. Mientras la Administración defiende que los criterios de corrección estaban fijados desde el inicio de la convocatoria y que los tribunales actuaron con «indulgencia», los sindicatos reclaman cambios que permitan una mayor transparencia y faciliten la revisión de los exámenes.
En ese contexto, fuentes consultadas por este periódico que han tenido acceso a la corrección de los ejercicios aseguran que algunos exámenes presentaban faltas de ortografía de especial gravedad para una prueba de acceso a la docencia. Entre los errores detectados figuran palabras como «boy» en lugar de «voy», «acer» por «hacer», «a de ser» en vez de «ha de ser», «coheducacion» o «colavoracion», además de otras incorrecciones similares. Las mismas fuentes explican que este tipo de errores no fueron casos aislados durante las correcciones y recuerdan que las bases de la convocatoria establecían expresamente la penalización por faltas de ortografía. Según indican, la evaluación no se limitó a contabilizar estos fallos, sino que también tuvo en cuenta la calidad de la expresión escrita, la sintaxis, el uso de los signos de puntuación y la adecuación de las respuestas a lo que planteaba el examen.
A ello se sumó, añaden las fuentes consultadas, un problema de comprensión lectora detectado en parte de los ejercicios. Según relatan, algunos opositores acudían al examen con un tema preparado y trataban de reproducirlo con independencia del contenido de la pregunta. «Llegaban con una lección aprendida y solo querían soltarla sin llegar a leer correctamente lo que se les preguntaba», resumen estas fuentes, que aseguran que en numerosos casos las respuestas no guardaban relación con el enunciado o dejaban sin contestar aspectos esenciales de la prueba.
Las faltas de ortografía, «una de las causas más relevantes» de los suspensos
La propia Consejería de Educación ha apuntado en esa dirección desde que se conocieron los resultados. El departamento que dirige Eva Ledo sostuvo que las faltas de ortografía constituyeron «una de las causas más relevantes» del elevado número de suspensos. A ello añadió que los tribunales habían detectado de forma unánime una preparación insuficiente en parte de los aspirantes, un uso incorrecto de los signos de puntuación, errores de sintaxis y dificultades de comprensión lectora.
Educación también defendió públicamente el trabajo realizado por los tribunales. Según trasladó, sus integrantes fueron «los primeros sorprendidos» por el nivel observado en algunos ejercicios y afrontaron la corrección con «gran generosidad e indulgencia». La consejera Eva Ledo insistió además en que el procedimiento es «totalmente garantista» y recordó que la penalización por faltas de ortografía figuraba expresamente en las bases de la convocatoria conocidas por todos los aspirantes. Los datos oficiales difundidos por el Principado reflejan que de los 6.014 aspirantes admitidos, 2.430 no llegaron a realizar la prueba o abandonaron el examen en los primeros minutos. De los 3.584 opositores que completaron el ejercicio, 1.314 lograron superar la primera prueba, lo que representa un 36,66 % de quienes la realizaron.
La explicación ofrecida por la Consejería, sin embargo, no ha convencido plenamente a parte de las organizaciones sindicales. Tanto CCOO como CSIF han centrado sus críticas en el funcionamiento del proceso selectivo y no tanto en la existencia de faltas de ortografía. Ambas organizaciones consideran que el principal problema reside en que los aspirantes eliminados no pueden acceder a una revisión efectiva de su examen antes de que continúe la oposición, lo que, a su juicio, limita su derecho a reclamar si consideran que existe algún error en la corrección.
CCOO ha denunciado el «oscurantismo» del procedimiento y ha reclamado la publicación íntegra de las calificaciones, así como un mecanismo de revisión previo a la segunda prueba. El sindicato sostiene que ya había planteado esa posibilidad durante la negociación de la convocatoria, aunque la Administración rechazó la propuesta. En términos similares se ha pronunciado CSIF, que considera «vergonzoso y lamentable» que los opositores no puedan conocer con detalle cómo ha sido evaluado su examen antes de quedar excluidos del proceso. La organización ha solicitado la publicación de los criterios de evaluación, las rúbricas utilizadas por los tribunales, las actas de calificación y el acceso a los ejercicios corregidos.
Más matizada ha sido la posición de Suatea. El sindicato ha mostrado su «apoyo y más absoluta confianza» en los miembros de los tribunales y ha advertido de que la frustración de quienes no han superado la prueba no puede traducirse en ataques hacia los docentes encargados de la corrección ni en la conclusión de que el proceso selectivo sea «una lotería». Aun así, considera que la convocatoria puede mejorarse y ha pedido a la Consejería que, de cara a las próximas oposiciones, permita revisar los exámenes tras cada una de las dos pruebas, publique junto a la convocatoria las rúbricas de evaluación que servirán de referencia a los tribunales y haga públicos, pocos días después del examen, los datos de aspirantes presentados y de quienes acuden únicamente a firmar.
Suatea también reclama mejoras para el funcionamiento de los propios tribunales. Entre otras medidas, propone garantizar jornadas de trabajo razonables con descansos suficientes, agilizar el pago de las retribuciones por participar en el proceso selectivo, actualizar unas cuantías que permanecen congeladas desde 2009 y revisar el actual acuerdo de profesorado interino. A su juicio, una reorganización del calendario permitiría que los tribunales dispusieran del tiempo necesario para revisar con mayor detenimiento las primeras pruebas y resolver las reclamaciones antes de que avanzara el procedimiento.
Mientras continúa la polémica, la Consejería mantiene que el proceso ofrece todas las garantías jurídicas y recuerda que, una vez finalizada la segunda prueba, los aspirantes podrán presentar las correspondientes reclamaciones. Si alguna fuera estimada, la Administración asegura que el procedimiento se retrotraería para que los afectados pudieran continuar el proceso selectivo en igualdad de condiciones con el resto de candidatos.