Danza macabra en Tennessee

Después de sufrir su intento de ejecución fallida mediante dos inyecciones letales y la tortura consiguiente, y aun estando por ver cuáles son las consecuencias que todo el proceso depara para su salud, Christa Pike ha sido devuelta del hospital a la enfermería de la prisión. Lleva 31 años encarcelada en Tennessee, y en su enjuiciamiento y condena a muerte no se tuvo en cuenta la edad a la que cometió el crimen (18 años) ni su largo historial de sufrimiento por las repetidas agresiones físicas, maltrato familiar continuado y múltiples violaciones sufridas desde su infancia. Una serie de condiciones que, probablemente, afectaron a sus facultades al momento de cometer un horrendo crimen (el asesinato de una compañera de un programa juvenil de inserción laboral para jóvenes en dificultades), y que enlazan su acción con una vida donde la crueldad y la violencia recibida e infligida han sido la norma.

Atrocidad que ha padecido también del Estado, primero prescindiendo de todas las circunstancias concurrentes para dictar sentencia, en una justicia inicua y puramente vengativa, que confiere un poder ilimitado para acabar con una vida de la forma más fría y planificada. Después torturándola en un proceso de ejecución donde se causan dolores indecibles pese a su pretendida asepsia. Siguiendo con el trato cruel, inhumano y degradante de tenerla sometida a grilletes y sujeciones de toda clase a pesar de su postración, tratada en todo momento como un animal presto al sacrificio, cuya vida se preserva sólo para decidir si más adelante se la vuelve a someter a una nueva ejecución. Y, en todo caso, sin preguntarse qué queda en ella de la adolescente que cometió un crimen abyecto, pero que ya ha experimentado un sufrimiento inimaginable en su existencia.

No es la primera vez que una ejecución en Estados Unidos por inyección letal resulta fallida. Ya sucedió, por ejemplo, en el caso de Romell Broom en Ohio, el 15 de septiembre de 2009 (dos horas de agonía y 18 pinchazos). En el de Thomas Creech, en Idaho, el 28 de febrero de 2024 (8 pinchazos en 58 minutos), llevando al Estado a cambiar la norma para permitir la inserción de la aguja en la ingle y el cuello y a restablecer la práctica del fusilamiento. O el de Kenneth Eugene Smith, en Alabama, primero sobreviviente el 17 de noviembre de 2022 a numerosos pinchazos, incluyendo cuello y clavícula en posición de “crucifixión inversa” (recordemos que la propia cruz cristiana representa originariamente un método de ejecución); y después sometido el 25 de enero de 2024 a hipoxia por gas nitrógeno con una máscara, resultando una agonía prolongada con movimientos agitados y sufrimiento palmario durante no menos de siete minutos, hasta su muerte.

Las ejecuciones por otros métodos también han deparado situaciones fallidas y escenas de terror (similares a la que vimos en «La Milla Verde», aunque sin necesidad de intervención deliberada), pero no han generado por el momento el debate necesario sobre los límites del castigo estatal. Incluso aunque se haya constatado que la pena capital no tiene efecto disuasorio ni incidencia en la reducción de la criminalidad, como acredita el Death Penalty Information Center (DPIC) en Estados Unidos, que constata una criminalidad violenta entre un 20% y 30% superior en los Estados retencionistas (27) y que los Estados que la dejaron de aplicar no experimentaron una tendencia de incremento de homicidios ni asesinatos. No ha sido suficiente la constatación hecha por el DPIC de su aplicación particularmente intensa sobre colectivos desfavorecidos (el 90% de los condenados no pudo pagarse su propia defensa) o minorías raciales (el 41% de los presos del corredor de la muerte son afroamericanos), teniendo cuatro veces más probabilidades de ser condenado a muerte si la víctima es blanca. Ni el hecho de que se lleve a cabo frente a personas cuya situación mental o limitaciones permitirían aplicar debidamente atenuantes de la responsabilidad penal, como destaca el Brennan Center for Justice, centro de investigación que ha analizado el historial de los presos en el corredor de la muerte, concluyendo que el 85% tiene alguna clase de discapacidad intelectual.

Tampoco ha servido el trabajo de documentación realizado por el Innocence Project de los casos de personas condenadas y ejecutadas que probablemente no habían cometido el crimen que los llevó en último término a la muerte. Por ejemplo el de Carlos de Luna (Texas, ejecutado en 1989), cuya reiterada alegación de que había sido otra persona la autora del crimen nunca fue investigada a pesar de que revisiones independientes del caso daban credibilidad a esa versión. De Luna era uno de los tres hijos criados por una madre soltera en un vecindario de bajos recursos, donde los altercados y las peleas eran comunes, y donde sus residentes eran acusados  fácilmente, condenados y sentenciados con una investigación insuficiente. O el caso de Cameron Todd Willingham (Texas, ejecutado en 2004), condenado por el asesinato de sus tres hijas pequeñas en un incendio provocado en su hogar. Años después de su ejecución, expertos científicos independientes en incendios intencionales revisaron las pruebas forenses y concluyeron unánimemente que el fuego fue accidental (un fallo eléctrico) y que las técnicas utilizadas por los peritos iniciales de la policía fueron manifiestamente defectuosas. O el de Marcellus Williams (Missouri, ejecutado en 2024), condenado a muerte por asesinato basándose exclusivamente en el testimonio de dos informantes de la cárcel que buscaban una recompensa económica, sin huellas dactilares, ni pisadas, ni pruebas biológicas, ni rastros que lo vincularan al crimen; incluso los propios fiscales originales del caso solicitaron que se anulara su pena de muerte, pero el Gobernador y los tribunales permitieron el ajusticiamiento.

La pertinaz y premeditada búsqueda de la muerte en los Estados retencionistas de Estados Unidos ha deparado en 2025 un total de 47 ejecuciones, la cifra más alta registrada en los últimos 16 años y casi el doble en comparación con el año anterior. De ellas, el 40% en Florida, cuyo gobernador De Santis pretende ganar crédito con su infinita sed de sangre. No en vano es el mismo que auspició junto con Trump el centro de detención para extranjeros denominado «Alcatraz de los Caimanes», dando carta de naturaleza legal a la tortura y maltrato a los extranjeros en situación irregular. De acuerdo al informe que en torno al 10 de octubre (Día Mundial contra la Pena de Muerte), publica todos los años Amnistía Internacional, se desprende que Estados Unidos forma parte del reducido grupo de países (17 el año pasado, frente a 113 abolicionistas y otros 23 abolicionistas en la práctica) que prosiguen las ejecuciones, pero entre los que se ha producido un incremento en el uso de este castigo, con un resultado de un 78% más de ejecuciones: 2159 en Irán (utilizadas como forma de atemorizar en un contexto de represión masiva), 356 en Arabia Saudí o 64 en Egipto, por ejemplo; no siendo posible acceder a los datos de países como China, Corea del Norte o Vietnam donde el recurso a este método de castigo es igualmente intenso.

Destaca también el Estado de Israel, que, en la línea dirigida a hacer de la crueldad el sello institucional, ha restablecido la pena de muerte por ahorcamiento para dirigirla discriminatoriamente frente a palestinos. Y lo ha hecho con efecto retroactivo, proponiéndose organizar un juicio sin garantías y con todo el espectáculo mediático frente a unas 300 personas, preparando a instancias de su fanático Ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir (el mismo que lleva en la solapa un pin con una horca) cabinas de observación del patíbulo para seguir expandiendo una cultura de muerte y destrucción. Son tiempos de populismo punitivo y negación de la dignidad humana, donde los Estados se arrogan el poder ilimitado de disponer de la vida mediante la aplicación de este castigo irracional, inútil y embrutecedor de la sociedad que lo permite.