Les remitió escritos en los que pide que controlen a quienes se suben a ellas. La Xunta condenó este tipo de prácticas que calificó de «incívicas, perigosas e potencialmente nocivas contra o patrimonio»
Ruano admitió los delitos de intrusismo y de falsedad documental. La condena lleva aparejada una multa de 790 euros y una indemnización de 3.000 más que tendrá que pagar al centro viveirense