Primera medida de mi gobierno: promover la implantación de un arancel ambiental que impida la pérdida de competitividad de la industria europea (y también de la asturiana) frente a la de terceros países no comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Más medidas. Impulsar la aprobación del Estatuto de las Industrias electrointensivas, para conseguir un marco de precios de la energía estable y predecible. Dar prioridad a la investigación y la innovación, vectores imprescindibles para consolidar nuestro desarrollo empresarial. Reclamar la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel.

Avanzar en la transformación de Hunosa como una empresa señera en las energías renovables. Y todo eso, y mucho más, no es un simple listado de deseos. Son todas iniciativas en marcha, y todas promovidas por los socialistas. 

Nuestro planteamiento es sin ningún género de dudas la defensa de nuestra industria tradicional a través de una transición energética justa y no la exprés e irresponsable que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez y ante la que calla y mira para otro lado el socialista Adrián Barbón. Nuestra apuesta se cimenta en varios ejes: Evitar el cierre exprés de la centrales térmicas, suprimir el impuesto de valor de producción de la energía eléctrica, elaborar un adecuado desarrollo de las metodologías de peajes y cargos, la asignación de medidas de emisión de CO2 gratuitos, compensaciones en el coste de la electricidad adquirida por sectores con riesgo de «fuga de carbono», ayudas en forma de reducciones o exenciones de impuestos medioambientales o de reducciones en la financiación de apoyo para la electricidad procedente de  fuentes renovables.

Hemos planteado dos ejes principales de trabajo. En primer lugar, hace falta una verdadera transición ecológica que modernice nuestro tejido productivo, invierta en empleos sostenibles y con futuro y siga la senda que ya recorren la mayoría de países de nuestro entorno. Calculamos -y es un cálculo moderado- que se crearían 25.000 empleos en los próximos años abordando esta transición, que nos podría llevar a aprovechar los inmensos recursos naturales de Asturies y liderar muchos de los sectores que ahora son punteros en Europa. Para favorecerlo hemos presentado recientemente nuestro proyecto de la ciudad tecnológica de Perlora, por ejemplo. El segundo eje, también fundamental, es una ley contra las deslocalizaciones, que termine de una vez y para siempre con los chantajes de las multinacionales que se aprovechan de subvenciones y ventajas fiscales sin asumir ninguna responsabilidad con Asturies. Jamás podremos proteger un empleo de calidad si no nos rebelamos frente al chantaje de la deslocalización y estamos dispuestos a asumir que hay sectores estratégicos en los que la intervención del Estado resulta fundamental. 

Una transición energética gradual, un marco estable de suministro y costes de energía, un apoyo decidido a las grandes empresas emblemáticas de Asturias, una apuesta por la innovación y por nuevas actividades y el desarrollo de iniciativas startups.

No podemos permitirnos una desindustrialización. Por el contrario, tenemos que luchar y pelearnos con quien sea para garantizar un sector industrial que sea uno de nuestros motores: garantiza un empleo de calidad y es además un arrastre para el resto de la economía. En estos momentos, es imprescindible luchar por un estatuto para la industria electrointensiva -ya teníamos que tenerlo- y también para que la descarbonización se haga de forma justa, con recursos para el cambio de modelo energético, aprovechando las líneas europeas, que tienen líneas de financiación. Lamentablemente, esto se está haciendo mal y hay responsables: tanto en el PP como en el PSOE, que han permitido una descarbonización sin antes garantizar esa transición. No se cuida el medioambiente con discursos fáciles, rechazando el carbón de aquí, pero importándolo para quemarlo de países empobrecidos, sin derechos, un carbón de sangre, o importando energía de terceros países que emiten lo que les da la gana. 

Solo a través de un proceso de reindustrialización se podrá combatir la situación de precariedad en la que se ve inmersa tanto Asturias como España. La producción industrial puede traer consigo puestos de trabajo de calidad, mayor desarrollo en I+D+I y mayor riqueza global al conjunto de la sociedad. Por ello, exigiremos al Gobierno de Pedro Sánchez que presente un nuevo borrador de Estatuto para la Industria Electrointensiva que garantice acabar completamente con el diferencial de precios de la electricidad entre nuestro país y los países de nuestro entorno, que lastran la competitividad de nuestra industria. Y reivindicamos un proceso de transición energética gradual, de forma que se puedan asumir los cambios sin provocar traumas sociales y económicos en los territorios afectados.

El primer paso es dejar de acosar a las empresas con restricciones ambientalistas radicales y de freirles a impuestos.

Apostamos por eliminar la normativa ambiental asturiana. Con la Europea y la Nacional, creemos que es más que suficiente. No necesitamos un EPIA antiguo RAMINP que tantos problemas ha ocasionado. Una región con sólo un 2% de terreno agrícola y sólo un 10% de su terreno con menos de un 10% de pendiente no necesita más restricciones medioambientales que Castilla y León.