El que garantice la equidad en la prestación de los servicios públicos en todo el Estado. El sistema de financiación hay que modificarlo, porque el actual modelo no da más de sí. Los pormenores del cálculo de un sistema de financiación son complejos, pero al final todo se resume en si se apuesta por un modelo de Estado competitivo u otro solidario. Yo, con claridad, estoy con el segundo. Asturias se juega mucho en la revisión del sistema de financiación. Se juega la calidad de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales. Es de los asuntos más importantes que habrá que abordar la próxima legislatura, y yo no tengo dudas: defenderé un sistema que no privilegie a los territorios sobre las personas.

Quiero asegurar que se tengan en cuenta el envejecimiento, la dispersión poblacional, la orografía, todos esos factores que encarecen la prestación de servicios públicos en Asturias, pero sobre todo quiero asegurar que la financiación autonómica responda a principios de solidaridad y equidad entre toda la ciudadanía.

Es un asunto complejo que necesita de un gran acuerdo del conjunto de las comunidades autónomas porque hasta ahora la cuestión no lleva un buen camino. Abogamos por la solidaridad con las comunidades menos fuertes económicamente o que tienen condiciones específicas que dificultan su financiación como el despoblamiento o el envejecimiento de la población. Sobre ese tipo de parámetros trabajaremos para llegar a un acuerdo global que redunde al final en el beneficio de todos uy también de los asturianos, por supuesto.

Un modelo igualitario que está en peligro por las cesiones que algunos partidos hacen a las presiones nacionalistas. Hemos visto recientemente cómo Ciudadanos ha sido el único partido que ha votado en contra del Estatuto de Valencia, que garantiza la financiación en función de la población y que perjudicaría gravemente a Asturias. Para nosotros el principio fundamental es que todos los españoles tienen derecho a un prestación de servicios equivalentes.

El Gobierno central tiene que abordar inmediatamente una reforma del sistema de financiación autonómica que palie los principales problemas de financiación de las comunidades autónomas, incluida Asturias. Esta reforma deberá tener en cuenta el coste real por persona que suponen los servicios públicos fundamentales en cada territorio ajustando la población de acuerdo a factores demográficos, de envejecimiento y despoblación, así como geográficos y orográficos. Además, dicho modelo de financiación autonómica no puede ir desligado de una reforma fiscal progresiva que armonice los impuestos transferidos a las comunidades autónomas, como es el caso del Impuesto de Sucesiones, para evitar que existan «paraísos fiscales» dentro del territorio español.

Apostamos por un modelo de financiación solidario, que tenga en cuenta las características de los distintos territorios, tanto desde una perspectiva demográfica, como de desarrollo. El Estado tiene que ser el garante de esa equidad que favorezca que todas las personas, con independencia del lugar donde vivan, tengan acceso a los mismos derechos y prestaciones, y también de promover el desarrollo y la convergencia entre comunidades autónomas. Por tanto, suficiencia, equidad y convergencia tienen que ser los tres elementos claves en cualquier modelo de financiación.

Es absolutamente fundamental que Asturias pueda defender una posición propia, sin depender de ningún partido en Madrid. No digo que necesariamente debamos recibir más dinero, eso ya se verá y lo calcularán los técnicos; lo que hace falta es llegar a acuerdos políticos que acaben con las afinidades políticas y los apaciguamientos. Hay que modernizar el sistema, hacerlo más transparente para que los ciudadanos comprendan perfectamente quién gasta qué dinero, de dónde sale y a dónde va. Y hay que elevar la responsabilidad de todos los actores. Seamos valientes y responsabilicémonos cada uno de lo nuestro: si una comunidad decide subir los impuestos para elevar el gasto (dentro de los límites razonables que aseguren el equilibrio), y si otra quiere bajarlos para incentivar su economía o sus sectores estratégicos, que lo hagan. Pero este modelo irregular, de condonaciones de deuda a los que más incumplen, de palo y zanahoria para los que se ajustan en cinturón, no vale. Hay que reformar el sistema y hay que hacerlo defendiendo legítimamente los intereses de Asturias, sin querer ser más que nadie pero tampoco menos que los demás.

Las regiones ni pagan impuestos ni se financian, debemos borrar esa falacia. Son las personas las que pagan impuestos y las que reciben el servicio público. Así pues la financiación autonómica debe estar ligada a la renta per cápita de la misma. Hoy Asturias es la región más pobre del norte, deben destinarse recursos a las personas con menos renta no a las regiones. Estamos en un país en el que debido a acuerdo político asturianos y extremeños, con las menores rentas per cápita de España, financian con sus impuestos a vascos y catalanes, con las mayores rentas del país. Es absurdo. Pensemos en personas y no en territorios, si no seguiremos cometiendo los mismos errores.