¿Es el proceso de revocación de Dilma Rousseff un golpe de Estado, como volvía a alegar ella ayer? Técnicamente, no. Existen algunas dudas sobre si aquello de lo que se la acusa -un truco contable bastante irrelevante y habitual en Brasil para maquillar el déficit- es suficiente para una revocación, pero, aceptada la premisa, el procedimiento se ajusta a la letra de la ley.
No así a su espíritu, sin embargo. Aunque la impresión que tengan muchos brasileños sea la de que a Dilma se la va a juzgar por corrupción, esto no es realmente así. Más bien es de los diputados implicados en los casos de corrupción -y que son un 60 por ciento de la Cámara, nada menos- de los que ha salido esta iniciativa para deponer a la presidenta. Es legítimo sospechar que su objetivo es distraer la atención de sus propios casos y crear una catarsis artificial que deje la sensación de que el escándalo ha quedado solventado.
Pero hay algo más en el fondo de este drama. En toda Latinoamérica se siente el fin del ciclo político que encumbró Gobiernos populistas y de izquierda. El fin del kirchnerismo en Argentina, la crisis del chavismo en Venezuela, el referendo fallido de Evo Morales en Bolivia, los probables triunfos de la derecha en Perú el mes próximo y en Ecuador el año que viene... Este nuevo escenario ha despertado la impaciencia de la oposición brasileña, que nunca se conformó con la ajustada victoria de Dilma en el 2014. Súmese a esto que la caída de los precios del petróleo ha puesto fin al sueño brasileño y que los escándalos de corrupción han creado desconfianza hacia los políticos. Desde luego, tampoco Dilma ha ayudado mucho a su causa con una gestión mediocre y errática. En definitiva, y para desgracia de la presidenta, el procedimiento de destitución contra ella representa, aunque sea de manera espuria, el estado de opinión en un país decepcionado.
Es poco probable que las decepciones terminen ahí. El nuevo presidente en funciones, Michel Temer, eterno muñidor de gobiernos en la sombra, está también en la lista de sospechosos de corrupción. Los jueces siguen investigando y los incondicionales de Dilma no aceptarán fácilmente esta enmienda al resultado de las urnas. El Brasil olímpico amenaza con convertirse en un Brasil inestable.