El Supremo abre causa a Francesc Homs por la preparación de la consulta del 9-N en Cataluña

Cristian Reino / Colpisa BARCELONA

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Artur Mas y Francesc Homs, en una imagen del pasado 18 de diciembre
Artur Mas y Francesc Homs, en una imagen del pasado 18 de diciembre MARTA PÉREZ | Efe

El alto tribunal estudiará si el político catalán incurrió en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos

20 may 2016 . Actualizado a las 00:29 h.

El Tribunal Supremo abrió ayer una causa contra el exconsejero de Presidencia de la Generalitat y actual portavoz de Convergència en el Congreso, Francesc Homs, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El Supremo, al igual que el fiscal, ve indicios para investigar a Homs, que tiene la condición de aforado, por su participación en la preparación del sucedáneo de consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre del 2014. Según el Ministerio Público, Homs tuvo un comportamiento «consciente e intencionado de indudable trascendencia» para que todos los preparativos de la votación siguieran adelante a pesar de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional días antes.

Entre las pruebas de la Fiscalía destaca una carta enviada por el exconsejero a la empresa que se encargó de la infraestructura informática de la votación. Exhorta a sus responsables a que sigan con los preparativos porque la suspensión del Constitucional no les afecta en nada. La misiva, incluso, les advierte de las posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento de contrato.

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, presidente y consejeras de la Generalitat en el 9N y, según la Fiscalía, responsables de la organización de la consulta, están imputados en la misma causa pero, en su caso, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El tribunal catalán la asumió cuando los tres eran miembros del Ejecutivo autonómico -al que hace meses que ya no pertenecen-, pero la investigación no ha pasado a un tribunal ordinario porque Rigau es diputada autonómica y, por lo tanto, aforada.

El instructor de la querella, cuando comunicó al Supremo que había indicios para que investigase a Homs por varios delitos, emplazó al alto tribunal a asumir con él la indagación de toda la causa. Sin embargo, el Supremo solo investigará al diputado convergente y ordena al superior catalán que siga con la instrucción respecto a Mas, Ortega y Rigau.

«Juicio político»

Homs compareció de manera voluntaria en el tribunal superior, el pasado 7 de marzo, donde calificó el caso del 9N como un «juicio político» que intenta castigar al independentismo. Trasladó al juez que «cuanto mayor sea la pena que se le quiera imponer mayor será la victoria» para el secesionismo.

Mas, Ortega, Rigau y Homs siempre han mantenido que no desobedecieron al Constitucional. Según sus conclusiones, cuando la corte de garantías suspendió el 4 de noviembre el «proceso participativo», el que sustituyó a la también anulada consulta original, su celebración quedó en manos de un ejército de 42.000 voluntarios, que se encargaron de gestionar las votaciones. Las defensas del expresidente de la Generalitat y sus colaboradores sostienen que aprovecharon los días en que el simulacro de consulta no estuvo suspendido para dejarlo todo listo, para que el día de la votación corriera a cargo de los voluntarios.

Artur Mas, en cambio, el mismo 9N afirmó: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí; el responsable soy yo y mi Gobierno». El presidente de la Generalitat también organizó una rueda de prensa para dar los resultados oficiales. Francesc Homs, virtual candidato de Convergència en las elecciones del 26J, se mostró ayer desafiante poco después de que el Supremo anunciara que le ha abierto una investigación. «Iré a declarar al Supremo con la estelada colgada», fue su primera reacción. Su principal argumento será la decisión inicial de la Fiscalía de Cataluña, que, de entrada, no apreció indicios de delito en la actuación de la Generalitat. Al final, quien interpuso la querella fue la Fiscalía General del Estado, a instancias del Gobierno, lo que meses después le costó el cargo al fiscal general.