Ana Mato recibe luz verde para trabajar con una sociedad investigada por los pagos a Pujalte

La empresa era propiedad, al 50 %, del diputado popular y de la exsenadora popular Ana Torme, que la crearon siendo parlamentarios, hasta que en el 2011 ella le vendió su participación


Dos exdiputados del PP que tuvieron que renunciar a sus cargos por sospechas de actividades irregulares han recibido en las últimas semanas autorización del Gobierno para desempeñar trabajos para grupos de presión. Un caso es el de la exministra de Sanidad Ana Mato, que se vio obligada a dimitir en noviembre del 2014 al trascender los pagos de vacaciones y fiestas familiares por partes de la trama Gürtel, en la que está imputado su exmarido, Jesús Sepúlveda. Según informa Europa Press, el Gobierno la acaba de autorizar a colaborar profesionalmente con la empresa Transport System Worldwide, una sociedad que está investigada por pagos al también popular Vicente Martínez Pujalte mientras era diputado a través de Sirga XXI Consultores. Esta empresa era propiedad, al 50 %, de Pujalte y de la exsenadora popular Ana Torme, que la crearon siendo parlamentarios, hasta que en el 2011 ella le vendió su participación. La denuncia de la Fiscalía en esta causa es por los delitos de falsedad y cohecho.

Grupo de presión

Por su parte, el también exdiputado popular y diplomático Gustavo de Arístegui, que cesó como embajador en la India tras conocerse su supuesta implicación en el cobro de comisiones ilegales por interceder a favor de empresas españolas en el extranjero, ha fichado por la compañía estadounidense Mercury LLC, dedicada a ejercer de lobista y a asesorar a empresas. Aunque aún no ha formalizado su contrato para incorporarse a su nuevo trabajo, ya tiene la autorización del Gobierno desde el pasado 11 de mayo.

De Arístegui, junto al también exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que no irá en las listas para los comicios del 26 de junio, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por haber cobrado presuntamente comisiones ilegales a cambio de interceder en favor de empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero.

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