Impone penas de cárcel a exmilitares y al último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, por secuestro y torturas
29 may 2016 . Actualizado a las 01:33 h.Argentina es hoy un país más justo. En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 1 de Buenos Aires condenó con penas prisión e inhabilitación a 15 exmilitares por su responsabilidad en acciones encuadradas en el plan Cóndor, un programa sistemático de persecución y exterminio de disidentes políticos diseñado por las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay durante los años 70 y 80. El tribunal, integrado por los jueces Óscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, fijó penas de 25 años de prisión a Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci. Al último presidente de facto de la dictadura argentina, Reynaldo Bignone, le impuso 20 años de cárcel y condenó con penas de hasta 8 años e inhabilitación al resto de los acusados, por el secuestro y asesinato de 105 personas: 45 uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Dos imputados fueron absueltos.
La sentencia por el plan Cóndor y por el segundo tramo de la causa Automotores Orletti -un local que funcionó como centro de detención y tortura en el barrio porteño de Flores-, que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Argentina, llegó el viernes después de tres años de juicio oral y a 40 años de los fatídicos hechos juzgados, cuando alguno de sus principales acusados ya no están con vida para escucharla. El 13 de mayo del 2013, el dictador Jorge Rafael Videla, designado presidente de Argentina por la Junta Militar en 1976, se sentó en el banquillo de los acusados, tres días antes de su muerte en prisión.
Conocer la verdad
El Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo de Derechos Humanos y parte querellante en la causa, destacó que este es un juicio de «características particulares y de suma importancia», porque sirvió para «probar» que el plan Cóndor fue «una asociación ilícita para hacer desaparecer a personas más allá de las fronteras». Además, demuestra que los imputados «fueron parte de ese sistema criminal» de las seis dictaduras del Cono Sur que firmaron el acta de fundación en Chile el 28 de noviembre de 1975 y consigue «aportaciones valiosas al conocimiento de la verdad sobre los años del terrorismo de Estado y la red criminal en la región». Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 9 de agosto.
Imputado el exjefe de Gabinete de Cristina Fernández por tráfico de influencias
La Justicia argentina imputó a otro miembro del Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. El fiscal Eduardo Taiano quiere saber si Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete y presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), influyó en la concesión de una subvención de 3,5 millones de euros a la empresa Comercial Carpet S. A. para la construcción de 46 pistas para este deporte en todo el país a instancias de la CAH, de las que solo hay cinco en funcionamiento.
La Oficina Anticorrupción denunció que, si bien fue Jorge Capitanich quien firmó como jefe de Gabinete en las últimas horas de su mandato la subvención, Fernández, que asumió horas después, «habría aprovechado su doble cargo» en el Gobierno y en la CAH para beneficiar a una empresa privada. El exjefe de Gabinete se defendió en las redes sociales alegando que no había asumido y estaba de excedencia en la CAH cuando se dio la ayuda.