considera que los exmandatarios de la Junta de Andalucía cometieron un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión
02 jun 2016 . Actualizado a las 01:43 h.El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros.
En un auto de un centenar de páginas, el juez procesa a los expresidentes de la Junta y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política' de la causa.
El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo.
Baja en el PSOE
Tanto Chaves como Griñán han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE. Ambos se adelantan así a la decisión del partido, cuyo Código Ético establece que los afiliados a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.
En esta pieza permanecían imputados 51 ex altos cargos y ex miembros del consejo rector de la agencia IDEA, pero el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
En un auto dictado el 17 de noviembre del 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado procedimiento específico contra un total de 52 personas, aunque el ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía falleció durante la instrucción de la pieza.
De este modo, la magistrada incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por «la posible existencia de un delito continuado de prevaricación», por hechos relativos a la participación «activa y consciente» de todos ellos en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico «en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta en el seno del Control financiero permanente del IFA/IDEA».