La Xunta exige a Alcoa que preserve los empleos en las fábricas gallegas

F. Fernández, M. G. Balseiro

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XOAN A. SOLER

Negocia con el Gobierno que la subasta de incentivos eléctricos sea por varios años

01 jun 2016 . Actualizado a las 07:15 h.

La Consellería de Industria ha decidido coger el toro por los cuernos y actuar como escudo protector (o, al menos, intentarlo) de los 2.000 empleados que trabajan en las dos fábricas gallegas que Alcoa quiere o vender o compartir con otro socio inversor. Y exige a la multinacional estadounidense que, decida lo que decida, lo haga preservando los puestos de trabajo en A Coruña y San Cibrao y comprometiendo la aplicación de un plan industrial que garantice la viabilidad de las plantas. Los operarios llevan algo más de una semana sin saber bien qué va a ser de su futuro, pues la compañía ha impuesto un muro de silencio que solo rompe para repetir una y otra vez que analiza todas las posibilidades y que no hay ninguna decisión tomada.

El conselleiro Francisco Conde recibió ayer en Santiago a los comités de empresa de A Coruña y San Cibrao a petición de estos últimos, que precisamente querían solicitarle su tutela en la operación. Y Conde les dijo sí: «Tutelaremos o proceso co obxectivo claro de apoiar calquera decisión de Alcoa que pase pola continuidade das fábricas». El conselleiro está en contacto permanente con la multinacional y le ha trasladado sus condiciones.

Para el presidente del comité de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, el mensaje que lanza la empresa es que «están abertas todas as ventás, e unha delas é o peche». Desde luego el presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé, no se lo desmintió, pero tampoco se lo confirmó. En definitiva, que no les aclaró nada. Como ya ocurriera el lunes en San Cibrao, Bartolomé se limitó ayer en A Coruña a repetir la cantinela de que están abiertas todas las posibilidades.

«Sigo igual de nervioso»

Sobre la reunión con Conde, Corbacho confesó no sentirse más tranquilo tras oír al conselleiro que se implicaba, «sigo igual de nervioso». Porque, recordó, «vimos aquí [a la Consellería de Industria] todos os anos e nos din que está todo arranxado, e seguro que están traballando, pero non hai resultados». «A Xunta ten que estar metida no proceso ata as últimas consecuencias, falar coa empresa e ser crítica con certas decisións e vixiar que sexa un proceso solvente», arengó.

En la picota están no solo las dos fábricas de aluminio primario de Galicia (la de alúmina de San Cibrao está excluida de la operación), también la de Avilés. Esta última junto con la coruñesa llevan años en la cuerda floja porque la compañía asegura que los incentivos que reparte el Gobierno para abaratar su factura eléctrica no garantizan su competitividad.

Las bonificaciones se adjudican cada año en una subasta. La próxima está prevista para septiembre y su resultado condicionará la operación que está en marcha. Cualquier comprador querrá saber a qué precio pagará la electricidad el año próximo antes de hacerse con unas fábricas que dedican el 40 % de sus gastos de explotación a la energía.

Conde, como ya hizo antes, avanzó que sigue negociando con el Ministerio de Industria para que la subasta sea para dos, tres o más años. De ese modo, las plantas tendrían garantizados unos ingresos durante varios ejercicios, lo que permitiría planificar cualquier inversión a medio plazo. Trabajadores mal pensantes temen que la operación esconda otra amenaza más para conseguir más incentivos.

José Antonio Zan, secretario de CC.OO. en la fábrica de San Cibrao, reclamó un plan de inversiones en las fábricas. «Alcoa lleva 19 años sin invertir, solo se gasta dinero cuando hay una maquinaria crítica que se rompe o queda fuera de servicio». Zan añadió que Conde «nos pidió tiempo para hacer con Madrid un marco energético estable y a más plazo, pero que no iba a ser de hoy para mañana».