Bruselas amenaza con la tarjeta roja a Polonia por su deriva antidemocrática
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El Gobierno conservador se hizo con el control del poder judicial tras las elecciones
02 jun 2016 . Actualizado a las 07:30 h.El pulso entre La Comisión Europea y Polonia se recrudece. Bruselas amenazó ayer a Varsovia con sacarle tarjeta roja si el Gobierno hipernacionalista de Beata Szydlo no devuelve los poderes que arrebató al Tribunal Constitucional tras ganar las elecciones el año pasado. Desde que la primera ministra polaca accedió al cargo, Polonia se ha visto empujada hacia una peligrosa senda antidemocrática. Tanto es así, que Bruselas no tuvo más remedio que abrir expediente al país el pasado mes de enero. Tras meses de conversaciones y «pese a nuestros esfuerzos, no estamos cerca de encontrar una solución», reconocía ayer visiblemente frustrado el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
La UE emitió ayer un dictamen en el que destaca tres puntos conflictivos. La composición del Tribunal Constitucional, la negativa a publicar las sentencias y el contenido de la ley que regula su funcionamiento y que ha minado la independencia de los jueces. Las maniobras políticas del partido Ley y Justicia, del polémico ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, mantienen encorsetado al Alto Tribunal, obligando a la Comisión Europea a intervenir para evitar que se violen los tratados europeos: «Queremos asegurarnos de que se respeta el Estado de derecho. Es una responsabilidad colectiva de las instituciones y de los países miembro», aseguró Timmermans, quien no quiso anticipar nuevas medidas correctoras, pero dejó el campo abierto a las sanciones. Varsovia tiene ahora dos semanas para presentar alegaciones y cambiar el rumbo. De no hacerlo, Bruselas podría pedir en última instancia que se le retire el derecho a voto en el Consejo Europeo: «No me quiero ni plantear los siguientes pasos que podríamos adoptar», declaró el holandés.
El Gobierno polaco se siente fuerte. La amenaza suena lejana en Varsovia. La UE está muy dividida y debilitada. La posibilidad de silenciar al país en el Consejo es poco menos que una quimera. Países como Hungría, que también se encuentran en la cuerda floja por su deriva autoritaria, ya han anunciado que votarían en contra de retirarle el voto. No en vano, el primer ministro magiar, Viktor Orbán, también se las tuvo que ver con Bruselas tras recortar de forma abrupta las libertades en el país y por bordear la legalidad europea en cuestiones tan polémicas como la acogida y el trato dispensado a los refugiados. En ese mismo terreno de arenas movedizas se mueve el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Es el mismo dirigente nacional que dilapidó en una frase años de trabajo para superar tensiones étnicas y religiosas en Europa al afirmar que «no hay espacio para el Islam en Eslovaquia».
Los traficantes abren una nueva ruta por Creta para llevar migrantes de Turquía a Italia
El cierre de la ruta balcánica que conectaba Grecia con el norte de Europa y la estrecha vigilancia que mantienen las autoridades helenas y turcas para evitar trasvases de migrantes desde territorio otomano a territorio europeo ha obligado a las redes de traficantes a buscar vías alternativas para trasladar migrantes a la UE. Según confirmó a DPA un oficial de la guardia costera griega, las mafias están desviando el rumbo hacia otras zonas menos controladas, como las costas de Creta. A la isla griega llegaron el pasado martes, después de naufragar, 113 migrantes de Oriente Medio, la mayoría afganos, procedentes de Turquía. Al menos 33 eran niños. El grupo se suma a los 65 que fueron rescatados del mar la semana pasada a escasa distancia de la isla. La policía detuvo a dos ciudadanos croatas y un montenegrino que viajaban a bordo de la barcaza. Se les acusa de traficar con personas.
Este último episodio corrobora las múltiples alarmas lanzadas por las organizaciones humanitarias en las últimas semanas advirtiendo a Bruselas de que los flujos no han remitido, tan solo están cambiando de dirección y arreciarán con la llegada del buen tiempo en verano. Esta nueva ruta se antoja más peligrosa. Creta se encuentra a una mayor distancia de la costa turca que la islas de Lesbos o Kios, lo cual incrementa las probabilidades de naufragios.
El Gobierno antirrefugiados de Eslovaquia se pondrá al frente de la crisis migratoria
A nadie se le escapa que hay un núcleo duro de cuatro países en la UE que no quieren refugiados. Forman parte del pelotón de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia). Cuatro países que en el último año han puesto una y otra vez palos en las ruedas a sus socios para hacer naufragar los planes de acogida de migrantes puestos en marcha por la Comisión Europea.
Ironías del destino, el próximo uno de julio el Gobierno del primer ministro eslovaco, Robert Fico, tomará las riendas de la presidencia temporal de la UE. Bajo su batuta deberán abordarse cuestiones tan sensibles como el escenario posterior al referendo británico y la crisis de refugiados. Bruselas cruza los dedos para que las posiciones del Gobierno de Fico, contrarias a abrir las puertas a los refugiados, especialmente si son musulmanes, no perturben más el escenario. Teme que medidas urgentes, como la reforma del sistema de asilo europeo, acaben bloqueadas por un Ejecutivo que ya demostró en multitud ocasiones que no acepta las reglas de juego de la UE.
Para tranquilizar a la UE, Fico aseguró ayer tras reunirse con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, que actuará como un «intermediario honesto». A pesar de la piel de cordero con la que se vistió ayer para acudir a Bruselas, no pudo evitar sacar los colmillos y defender al Gobierno polaco de los ataques por su actitud antidemocrática: «Fue elegido democráticamente, es soberano». El luxemburgués tuvo que salir al paso para meterlo en cintura: «La democracia es más que una mayoría parlamentaria y tiene que ver también con la sociedad civil», le espetó.
No empiezan bien las relaciones entre la futura presidencia eslovaca y Bruselas. El país impugnó el pasado diciembre ante la justicia europea el sistema de cuotas obligatorias para el reparto de refugiados procedentes de Grecia e Italia, un mecanismo que fue aprobado por el Consejo por una mayoría cualificada. Bratislava sigue en el punto de mira de la Comisión por no haber colaborado todavía en el proceso de reubicaciones al que Fico se niega tajantemente.