¿Dónde está el techo de la deuda?

El endeudamiento público, que ya supera el 100 % del PIB, es insostenible si sigue creciendo más que la riqueza. La política de austeridad fracasó en el intento de contener el déficit


Después de una escalada sin precedentes, la deuda pública española superó el billón de euros en el 2014 y el 100 % del PIB en febrero de este año. La cifra absoluta poco nos aclara sobre la salud de las finanzas. Una familia modesta que debe cien mil euros al banco probablemente está arruinada, pero que Amancio Ortega deba un millón de euros no le quitará el sueño al poderoso propietario de Inditex. Las deudas públicas de Alemania o de Francia, más de dos billones de euros cada una, duplican a la española, pero la carga que soportan es mucho más llevadera porque aquellas economías son más fuertes. Fijémonos, pues, en el dato relativo: la cuantía de la deuda española ya supera toda la riqueza que genera nuestra economía en un año. Y sigue subiendo. ¿Hasta dónde? ¿En qué momento se hace insostenible y el país, aplastado por el endeudamiento, se vuelve insolvente y tiene que suspender sus pagos?

Intereses y amortizaciones

Corren ríos de tinta sobre la sostenibilidad de la deuda, pero el concepto es etéreo. La deuda resulta perfectamente sostenible mientras el Tesoro pueda pagar puntualmente los intereses a sus acreedores y los mercados le sigan prestando, a tipos de interés razonables, dinero para afrontar los vencimientos periódicos. El Tesoro español pagó en el 2015 unos 33.000 millones de euros en intereses, dos mil millones menos que el año precedente. Disminuyó la carga financiera a pesar de crecer el monto de la deuda, debido al descenso de los tipos: en el 2007, antesala de la crisis, los acreedores cobraban en promedio 4,5 euros anuales por cada cien que le habían prestado al Estado; actualmente perciben no más de tres euros.

Aunque asumible a día de hoy, el pago de intereses supone un lastre sobre las finanzas públicas. Por un lado, detrae voluminosos recursos -casi equivalentes al brutal recorte experimentado por la inversión pública- que podrían dedicarse a gasto productivo o social para incentivar el crecimiento; y, por otra parte, los tipos de interés no se mantendrán bajos indefinidamente.

En cuanto a la amortización, conviene advertir que los gobiernos, a diferencia de las familias o empresas, rara vez pagan y cancelan su deuda, porque rara vez cierran con superávit sus cuentas anuales. Se limitan a solicitar nuevos préstamos -nuevas emisiones- para reintegrar su inversión al poseedor de una obligación, un bono o una letra del Tesoro. Contraen nuevas deudas para saldar las anteriores.

El endeudamiento global solo se reduce en términos relativos: la inflación y el crecimiento real de la economía rebajan su peso. Un buen ejemplo lo hallamos en el período comprendido entre los años 1997 y 2007. Durante esa «década prodigiosa» de la economía española, la cuantía de la deuda pública creció un 16 % -más de 52.000 millones de euros-, pero su participación en el PIB se redujo casi a la mitad: del 64,4 % al 35,5 %, lo que convirtió a España en uno de los países de Europa con menor deuda pública -la privada es otro cantar- cuando se desató la Gran Recesión.

Si las Administraciones Públicas pueden soportar la carga financiera de su deuda actual y el billón largo de euros que deben no tienen que devolverlo, sino refinanciarlo continuamente, ¿dónde reside el problema? ¿Por qué existen dudas acerca de la solvencia de España y la sostenibilidad de su deuda?

Deuda y crecimiento

El problema existe, y de colosal dimensión, aunque ahora permanezca oculto bajo las faldas de los bajos tipos de interés y la política expansiva del BCE. Para comprender su magnitud es preciso examinar la oscura relación entre deuda y crecimiento económico. Oscura porque hay dos grupos de economistas que aún siguen debatiendo si fue antes el huevo o la gallina. Sostiene el primer grupo que la deuda debilita la economía y, llegado a cierto nivel, interrumpe abruptamente el crecimiento. Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, en un famoso estudio sobre las crisis financieras, llegaron a determinar las coordenadas exactas de ese «cierto nivel»: si la deuda pública supera el 90 % del PIB, concluyeron, la economía entra en recesión. La sentencia de Reinhart y Rogoff, utilizada como biblia por los sacerdotes de la austeridad en Europa, no se cumplió. Contenía errores de cálculo y se estrelló contra una evidencia: la deuda pública española ya rebasó el 100 % del PIB -al igual que sucede en otros cinco países de la eurozona- y, sin embargo, España crece a tasas anuales próximas al 3 %.

El segundo grupo invierte la relación causa-efecto. No es la deuda la que frena el crecimiento, sino la ausencia de este. La contracción de la economía es el factor que dispara el déficit y provoca el endeudamiento. El caso de España ilustra a la perfección esta tesis. Entró en el túnel de la crisis con superávit y bajo endeudamiento público, pero la Gran Recesión -drástica caída de la recaudación, aumento del gasto, transformación de deuda privada en pública...- descalabró rápidamente sus cuentas.

Ambas tesis conducen a políticas económicas distintas. La primera pone el énfasis en la austeridad y el ajuste fiscal para desactivar la bomba del endeudamiento: subir impuestos y recortar gastos para rebajar el déficit público, el manantial del que se surte la deuda. La segunda coloca el acento en el crecimiento: estimular la economía con vitaminas públicas, aunque sea a costa de soportar mayores déficits puntuales, para que, una vez retomado el crecimiento, este rebaje el peso de la deuda. Obsérvese el delicado equilibrio entre ambas vías. El ajuste fiscal reduce la cuantía del déficit en términos absolutos, pero frena la recuperación y, por tanto, dependiendo del daño causado -menor inversión, menor consumo-, puede incrementar el déficit y la deuda en términos relativos.

El fracaso de la austeridad

Europa, después de unos primeros escarceos en el campo de los estímulos fiscales, optó por la senda de la austeridad. Y la mejor prueba del fracaso de esta política la hallamos en Grecia: cuanto más se estrujó al pueblo heleno, más se acentuó la recesión de su economía y más se disparó su endeudamiento. Hoy, ya lo reconoce el FMI, la deuda griega es insostenible y el país agoniza con respiración asistida.

Pero el ejemplo de España, obviamente menos dramático, muestra igualmente el impacto nocivo de esa política. En cuanto se inició la tanda de recortes, se agostaron de inmediato los «brotes verdes» del 2010 y el país se despeñó en una segunda recesión, la de los años 2012 y 2013. Y solo inició la recuperación cuando Bruselas aflojó las riendas de la austeridad a ultranza, comenzaron a soplar vientos de cola favorables y el BCE cambió su política y comenzó a bombear dinero.

Pero el dato más representativo del fracaso es precisamente el de la deuda pública, que no es sino una acumulación de déficits. No solo se ha expandido espectacularmente el pasivo público, sino que sigue haciéndolo cuando la economía crece a tasas relevantes. Significa que la deuda avanza más rápido que la riqueza. Y esto, además de vulnerar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sí es grave e insostenible. Grave porque limita el crecimiento. Insostenible porque se puede vivir algún tiempo al fiado, pero no todo el tiempo. ¿Qué pasará cuando el BCE cierre el grifo y los tipos de interés comiencen a subir? ¿Seguirán los mercados prestándonos dinero a tipos de interés razonables? ¿Reaparecerá el fantasma del 2011?

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