EE.UU. ratifica que Ecuador tendrá que pagar 96 millones de dólares a Chevron

El Tribunal Supremo estadounidense rechaza el recurso sobre la petrolera, entendiendo que su negocio está protegido por el tratado bilateral de inversiones de 1997

Una refinería de Chevron en Sudáfrica
Una refinería de Chevron en Sudáfrica
Europa Press

Nuevo capítulo del caso Chevron-Texaco, uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que dura más de 20 años. El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó este lunes un recurso de Ecuador y dictaminó que el país debe pagar a la petrolera estadounidense una indemnización de 96 millones de dólares, al entender que su negocio está protegido por el tratado bilateral de inversiones de 1997. 

«Revisión denegada», sentenció la máxima instancia judicial estadounidense en una breve notificación en la que mantiene en vigor la decisión que tomó en ese sentido la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, en agosto del año pasado. Con su fallo, el Supremo confirma el veredicto de un tribunal de arbitraje de La Haya, que determinó que el tratado bilateral de inversiones, en vigor desde 1997, protege las inversiones que el gigante energético hizo en Ecuador. Cuando la Corte del Distrito de Columbia falló el verano pasado contra Ecuador, la Procuraduría General del Estado (PGE) de ese país rechazó el fallo y acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ahora deniega su petición.

Hace casi 20 años, los ecuatorianos presentaron su primera demanda en Nueva York contra Texaco, comprada por Chevron en el 2001. Texaco, acusada de contaminar la selva en torno a Lago Agrio entre 1964 y 1992, pasó años intentando que el caso fuera trasladado a Ecuador, lo que finalmente ocurrió en el 2003.

Chevron aseguró que Texaco limpió todos los pozos de desechos de los que era responsable antes de entregarlos a la estatal Petroecuador, que aún opera en la zona. El 23 de septiembre del 2009, presentó una demanda arbitral contra el Estado ecuatoriano por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), en un caso conocido como Chevron III. A través de esta demanda pretendía que el Estado fuese declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio, iniciado por comunidades indígenas contra la compañía estadounidense por su actuación en la Amazonía.

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