Gestha califica el tributo de «equitativo», niega que cause una fuga de capitales y sostiene que permite gravar a las grandes fortunas, que son los causantes «de más del 70% del fraude fiscal»
02 jul 2016 . Actualizado a las 10:24 h.La teoría de los empresarios asturianos de que ciertos impuestos autonómicos contribuyen a la fuga de capitales ha sido respondida con contundencia por parte de los técnicos de Hacienda. El sindicato Gestha, desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, desmonta el argumento de la patronal del Principado y anima a las comunidades que han suprimido ese gravamen a que lo recuperen, ya que, a su juicio, se trata de un tributo «equitativo y justo».
El Principado tiene dos impuestos que reciben continuamente las críticas tanto de los empresarios como de algunos partidos políticos: el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio. El argumento principal para defender la eliminación de ambos tributos es que genera una fuga de capitales en Asturias. El sindicato considera que esto no es posible en el caso del de patrimonio debido a que «se trata de un gravamen por el que tributa la riqueza localizada tanto en España como en el extranjero». Desmontado, por tanto, el principal razonamiento de sus opositores, los técnicos de Hacienda defienden que las comunidades que han suprimido ese impuesto deberían restaurarlo para «mejorar la liquidez de las arcas públicas».
Gestha cita el caso de la Comunidad de Madrid, que según sus previsiones podría recaudar 600 millones por este concepto. En Asturias, la cantidad es muy inferior, ya que los presupuestos de 2015 (prorrogados para este año), contemplan unos ingresos de 22 millones en este concepto. En el último ejercicio con datos publicados por la Agencia Tributaria, el de 2013, se recaudaron 16,7 millones en la región. Respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, las cuentas regionales estiman unos ingresos de 139,5 millones.
La fuerte presión generada en torno al impuesto de sucesiones y donaciones en el Principado llevó a que en el proyecto de presupuestos para 2016 el PSOE e IU acordasen corregir el denominado error de salto, que en la práctica suponía la modificación de tarifas para favorecer a las herencias modestas y gravar las altas con unos baremos progresivos a partir de 150.000 euros. Como finalmente no se aprobaron esas cuentas, esas modificaciones no se llevaron a cabo. Los partidos de la derecha no se sumaron a ese a cuerdo porque defienden la eliminación de ese gravamen.
Gravar a los defraudadores
La plataforma considera que el impuesto permite gravar a las grandes fortunas, que son «las causantes de más del 70% del fraude fiscal en España». En opinión de Gestha, volver a aplicar este tributo en las comunidades que en la práctica lo han suprimido evitaría que, para cumplir con los objetivos de déficit marcados, esas regiones «se planteen aplicar nuevos recortes al gasto social cercenando así el estado del bienestar y sus dos principales pilares: la sanidad y educación».