España exprime el impuesto de sociedades para neutralizar la multa de Bruselas
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El Gobierno propone ajustar 6.000 millones de euros de déficit cargando la factura a las empresas
13 jul 2016 . Actualizado a las 07:38 h.«No habrá multa», garantizó el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en reiteradas ocasiones. Pues bien, la habrá. El Consejo de Ministros de la UE decidió ayer dar luz verde a la propuesta de sanciones que la Comisión Europea puso sobre la mesa el pasado jueves. «España no ha adoptado medidas necesarias para reducir su déficit», certificaron los socios europeos, quienes dejarán que España cargue con el estigma de ser el primer país apercibido por incumplir el Pacto de Estabilidad.
En el 2015, el Ejecutivo español se alejó en nueve décimas del objetivo de déficit pactado del 4,2 % del PIB (cerró en el 5,1 %) y no adoptó un plan efectivo para corregir esa desviación a pesar de las llamadas de atención de Bruselas por la manifiesta «relajación fiscal» del Gobierno en plena campaña electoral. Este año España tampoco alcanzará el objetivo. La diferencia es de 8.500 millones de euros. Un agujero que Rajoy necesita tapar con presteza para amortiguar el castigo de Bruselas. En contra de su promesa de bajar las cargas fiscales si ganaba las elecciones, el Gobierno anunció ayer que ofrecerá a la Comisión Europea un endurecimiento del impuesto de sociedades para parchear las cuentas.
De Guindos se compromete en esta ocasión, a diferencia de lo que se hizo en el año 2012, a mantener intacto el IVA y el IRPF y cargar el peso fiscal en las empresas, que deberán adelantar 6.000 millones adicionales en retenciones. La factura correrá a cargo a de las grandes compañías, puesto que la subida partirá de un umbral mínimo. ¿De dónde saldrán los fondos restantes? 1.500 millones se ahorrarán por la bajada de los intereses de la deuda y otros 1.000 del siempre amplio margen de mejora de la lucha contra el fraude fiscal.
Un parche fiscal
La incógnita es si Bruselas picará el anzuelo, porque la maniobra de ingeniería fiscal del Gobierno no supone en la práctica una subida del tipo del impuesto sino que adelanta ingresos y traspasa el agujero presupuestario de año en año. Además, es una medida que solo puede aprobarse por ley, por lo que excede las competencias del Gobierno en funciones.
Junto a la batería de compromisos, el Ejecutivo español enviará hoy a Bruselas un catálogo de alegaciones para convencer a la Comisión de que lo más «inteligente» en estos momentos de incertidumbre es olvidarse de las multas. «Estoy seguro de que la sanción será nula o de cero [...]Sería una paradoja que a la economía que mejor se comporta se le impusiese una multa», aseguró ayer De Guindos. ¿Con qué argumentos cuenta? «Desde el punto de vista económico hemos hecho el giro más intenso y profundo de los últimos cuatro años. Éramos un riesgo sistémico para la eurozona y ahora somos de los que más crecen», recordó.
De Guindos se aferra a las cifras de crecimiento, a los esfuerzos estructurales ambiciosos emprendidos en plena recesión, al saneamiento del sector bancario, al superávit comercial y a la creación de empleo para pedir a las instituciones europeas que no mortifiquen a España y no reviertan el rumbo poniendo más piedras en el camino. El Gobierno también pondrá en cuestión la metodología de los cálculos, alegando que la bajada de la inflación, mucho más profunda de lo previsto por la Comisión, se comió un 0,7 % del PIB español, porcentaje que permitiría «estar en línea» con el objetivo de déficit.
Trámites acelerados
Bruselas tiene hasta el 1 de agosto para anunciar la multa, que podría llegar al 0,2 % del PIB (2.200 millones) y que supondría la congelación de hasta el 50 % de los fondos europeos. Está previsto que la Comisión acelere el trámite y que presente una nueva senda fiscal en la que podría otorgar un año más a España para situar el déficit por debajo del 3 %, pero eso exigirá nuevos sacrificios que ayer De Guindos no quiso valorar. «Primero vamos a ver qué compromisos nos piden», indicó antes de negar que la UE haya tratado peor a España que a otros socios como Francia, quien en el 2003 sorteó junto a Alemania la multa y hoy sigue fuera del proceso sancionador a pesar de no cumplir con las metas de déficit.
Las empresas adelantarán dinero al Estado para financiarlo
No han pasado ni veinte días de las elecciones, y las promesas que apuntaban a nuevas rebajas fiscales en la legislatura que viene ya se han quedado en papel mojado. Con la recaudación a la baja y el aliento de Bruselas en el cogote, el Gobierno en funciones anunció ayer una contrarreforma fiscal para elevar de nuevo los ingresos por el impuesto de sociedades, que cayeron un 48 % hasta mayo.
¿En qué consiste la medida anunciada ayer? Todas las empresas sujetas al tributo deben efectuar un pago adelantado en los meses de abril, octubre y diciembre, de la misma manera que a los trabajadores se les retiene parte de su sueldo para ir pagando la cuota del IRPF del año. Pero, entre el 2012 y el 2015, se impuso un pago fraccionado mínimo a las compañías con una facturación superior a los 20 millones anuales, que debían ingresar al menos un 12 % del beneficio obtenido en los tres, nueve y once meses del ejercicio, que no se reducía ni con créditos fiscales ni con otro tipo de bonificaciones y que, por lo tanto, no corresponde con la base imponible.
La idea del Ejecutivo es recuperar ese pago mínimo (falta por desvelar el tipo que aplicará y a partir de qué cifra de negocio) para que las empresas adelanten esos 6.000 millones que necesita para cuadrar las cuentas. Aunque a primera vista no parece una subida fiscal, porque lo retenido debería regularizarse en el momento de presentar la liquidación anual en julio, lo cierto es que cuando la medida se prorroga sine die sí supone más recaudación. Se trata, en definitiva, de que las grandes empresas adelanten dinero al Estado para financiarlo.
La medida ya había sido adelantada por el Gobierno en el plan de estabilidad remitido en primavera a la Comisión Europea, en el que apuntaba a que «si se observase una pérdida de recaudación superior a la estimada como consecuencia del fin de la vigencia en el 2016 de determinadas medidas temporales en el impuesto sobre sociedades adoptadas en el pasado se podrían tomar decisiones para limitar su impacto».
La oposición acusa al PP de mentir a sabiendas y solo Iglesias ve «sensata» la propuesta
De frívola a populista. Estos fueron los calificativos con los que despacharon ayer partidos de la oposición y sindicatos la propuesta con la que el Gobierno pretende embridar el déficit y evitar in extremis que la multa de Bruselas pase del escarnio público al quebranto económico. En el centro de la diana, las promesas electorales en materia de impuestos con las que el PP concurrió a los comicios del pasado 26 de junio: «Vamos a bajar los impuestos y ya los hemos bajado, dos veces el impuesto de la renta en el 2015. Y por cierto, hemos recaudado más que el pasado. Y vamos a bajar el impuesto de sociedades porque creemos que en estos momentos se puede hacer», anunciaba Rajoy hace poco más de un mes, el 4 de junio, durante la presentación de las principales medidas de su programa.
«Una vez más, el PP engaña en campaña prometiendo bajadas de impuestos, para inmediatamente después de las elecciones anunciar subidas impositivas. Es un auténtico fraude a los ciudadanos, propio de democracias de baja calidad», censuró el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, que avanzó que su partido no apoyará la propuesta porque «no es más que un parche que infla la recaudación temporalmente de forma artificial».
En la misma línea se manifestó el responsable económico de Ciudadanos, Toni Roldán: «Me suena que anunciamos la mentira unas cuantas veces. Eso se llama, también, populismo», criticó a través de Twitter. «Subir indefinidamente, todos los años, las retenciones equivale a subir impuestos», abundó su compañero Francisco de la Torre.
UGT, por su parte, ve «frívolo» el mecanismo con el que el Gobierno pretende ajustar las cuentas públicas y pide una reforma fiscal consensuada y sosegada que ataje los problemas de financiación del Estado.
La propuesta del Ejecutivo solo encontró un apoyo, el de Pablo Iglesias, que sin querer valorar los detalles sí calificó de «sensato» que el impuesto se aplique de manera «más redistributiva» y se cargue más a las grandes corporaciones.