La CUP desafía a la Justicia española: «No acataremos nada que venga del Constitucional»

El Pleno del Constitucional se reunirá mañana para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlamento catalán y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal.

El presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, ha convocado un pleno extraordinario a las 12.30 horas de mañana para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.

Una iniciativa en la que el Gobierno pide al tribunal de garantías que declare nula y sin efecto jurídico alguna la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.

De hecho, el Ejecutivo interpreta ese texto aprobado como un desacato al TC, pero también como un «verdadero plan para conseguir la secesión de España».

Pero el Gobierno no solo pide la nulidad de la resolución, dado que el Constitucional ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de «desconexión» de Cataluña con el resto de España.

Ante la desobediencia a esa sentencia y al auto del Constitucional del 19 de julio en el que expresamente se pedía a la Mesa del Parlament que impidiera cualquier avance en ese camino, ahora, el Ejecutivo quiere que el tribunal aplique medidas coercitivas.

La más contundente, la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo.

La petición del Gobierno es que el Constitucional «proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal» que pudiera corresponder a Forcadell.

Pero también plantea otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que «directa o indirectamente» pretenda dar cumplimiento a esa resolución.

O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución.

En ambos casos, pide que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional.

Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula su funcionamiento gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP.

Ese artículo da al Constitucional nuevas herramientas para velar por el cumplimiento de sus decisiones, entre ellas medidas coercitivas como las multas, la suspensión temporal de funciones o incluso la apertura de la vía penal.

Son medidas que no tienen como objetivo sancionar un incumplimiento, sino lograr que se cumpla un pronunciamiento del tribunal, de modo que caben en supuestos en los que los cargos públicos obligados a una determinada actuación se nieguen a hacerla.

El Gobierno quiere que, dada la «extremada relevancia constitucional del caso», el Tribunal «se pronuncie lo antes posible» sobre el incidente.

Además, ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución que determina que la impugnación por el Gobierno de una disposición de un órgano de una comunidad autónoma conlleve su inmediata suspensión durante cinco meses.

La CUP: «No acataremos nada que venga del TC»

El diputado de la CUP, Benet Salellas, ha asegurado que no «acatarán» una eventual inhabilitación del Tribunal Constitucional (TC) a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o a algún diputado por aprobar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente en la cámara catalana.

«Es evidente que no acataremos nada que venga del TC que quiera limitar la soberanía de Cataluña», ha concluido en una entrevista de Europa Press, en la que ha acusado al Estado y a sus instituciones de no ser democráticos.

Se ha mostrado dispuesto a afrontar lo que sea que venga del TC: «¿Hay inhabilitaciones? Afrontaremos inhabilitaciones ¿Hay multas? Multas. Lo que tenemos entre manos es tan importante que las decisiones del TC ni nos dan miedo, ni sirven para parar este embate», ha afirmado.

Además, ha considerado que Cataluña goza de estructuras de solidaridad fuertes y firmes, y, por lo tanto, los ciudadanos responderán de forma «muy clara y muy masiva» a cualquier penalización que recaiga sobre algún miembro del Parlament.

«Daremos cobertura, solidaridad y ayuda a toda la gente que salga perjudicada por este tema», ha incidido Salellas.

Para Salellas la aprobación en el pleno de las conclusiones de un proceso constituyente que culminan con la desconexión del Estado y que estaban bajo advertencia del TC supone «un acto de no acatamiento o de no subordinación del Parlament a los mandatos de un tribunal ilegítimo y desprestigiado» que los 'cupaires' no reconocen desde la resolución del 9N.

Entidades soberanistas

Ha rechazado la percepción que tuvieron ANC, Òmnium y la AMI que vieron en la aprobación de las conclusiones -apoyada por JxSí y la CUP-, la antesala de la cuestión de confianza a la que se someterá Puigdemont y ha aclarado: «La cuestión confianza no está en la hoja de ruta, ni lo hemos leído como que fuese un episodio más de lo que es el proceso de emancipación nacional».

«Nos equivocaríamos si confundimos aspectos que tiene más que ver con la actuación del Govern. No podemos estar solapando estos planes para construir determinados chantajes de alineamiento incondicional con el Govern», ha censurado y ha instado a poner el foco en movilizar a la ciudadanía en actos como los de la Diada.

Ha recordado que fue el presidente de la Generalitat quien puso sobre la mesa la cuestión de confianza y ha lamentado que las entidades soberanistas «no hayan querido continuar la ejecución de los acuerdos en relación al proceso constituyente, porque querían esperar a la resolución de la cuestión de confianza».

Sí que es Pot con el «unionismo»

Salellas se ha mostrado muy crítico con la actitud de SíQueEsPot en la jornada del pleno porque considera que «fueron de la mano de los unionistas» al oponerse a que las conclusiones se incorporasen al orden del día, se pudieran debatir y votar.

El diputado ve incompatible defender el derecho a decidir y a la vez «impedir que un Parlament vote las conclusiones de una comisión».

«Se alinearon en un bloque monolítico de no dejar hablar de PC y de votar las conclusiones de una comisión que de forma democrática se habían elevado al pleno» ha lamentado calificándolo de preocupante y de compartir un enfoque antidemocrático con C's, PSC y PP.

Homs

Salellas también se ha manifestado crítico con la alianzas de parte de JxSí con el PP en el Congreso, pese a que ve curadas las heridas de la ruptura con JxSí después del capítulo de los Presupuestos que generó un conflicto que atribuye a que CDC y ERC se presentaban a las elecciones generales.

«Se gesticuló y teatralizó mucho un desacuerdo para sacar rédito electoral», expone e incide en que, superados los comicios, el clima ha vuelto a ser el mismo que antes del 26J.

Pero se ha mostrado crítico con la actitud del líder de CDC en Madrid, Francesc Homs, en las votaciones de la Mesa del Congreso: «Casa mal pactar con el PP en Madrid. Es uno de los actores más catalanofóbicos, más antidemocráticos que ha habido en las instituciones del Estado, que más ha estado utilizando las instituciones del Estado contra el ejercicio democrático de derecho en Cataluña», opina.

«Pactar con ellos allí e intentar iniciar un proceso constituyente en Cataluña, me parece totalmente contradictorio», ha concluido.

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