La reanudación del juicio político a Dilma Rousseff eleva la tensión política en Brasil
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El primer paso de este trámite se dará este martes cuando el instructor recomiende que la causa se archive o se avance hacia la destitución
02 ago 2016 . Actualizado a las 07:50 h.El juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo, entra desde este martes en su fase final, con la reanudación de las audiencias en la comisión del Senado a cargo del proceso.
El primer paso de este trámite, que eleva la temperatura política del país y le puede costar el cargo a Rousseff, se dará este martes cuando el instructor del proceso, el senador Antonio Anastasia, presente a la comisión un informe en que el recomendará que la causa se archive o se avance hacia la destitución. El informe que Anastasia entregará a esa comisión de 21 senadores se debatirá el miércoles y se votará el jueves, según el calendario de trabajo ya acordado con el Tribunal Supremo, que es corresponsable del juicio contra Rousseff.
El viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos de Río, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que será convocado para una primera votación el 9 de agosto. Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos de los 81 senadores, el Supremo convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff es destituida o recobra el poder, que ahora ejerce interinamente su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.
Esa última sesión, que puede durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Dilma sea despojada de su mandato sería necesaria una mayoría de 54 votos. Anastasia no ha adelantado nada sobre el contenido del documento que presentará este martes y que elabora desde la conclusión de la fase de instrucción, en la que fueron escuchados 39 testigos presentados por la defensa y cuatro propuestos por la parte acusadora. Rousseff ha sido acusada de irregularidades con los presupuestos, de contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir una serie de decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.