El chavismo prepara una andanada de denuncias para frenar el revocatorio
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Los leales a Maduro planean dispersar las urnas para dificultar el voto opositor
03 ago 2016 . Actualizado a las 07:28 h.El Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) recibió el martes la constancia de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es un movimiento político válido para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro; y solicitará, entre hoy y mañana, la convocatoria al segundo paso del proceso, la de recolección de 20 por ciento de firmas, la cual, por reglamento, es un camino expedito. Pero el organismo comicial dejó abierta la puerta para una suspensión judicial del proceso en las próximas semanas, en la forma de una investigación por presunto «fraude» en la recolección del uno por ciento de las firmas del revocatorio, que fue enviada a la Fiscalía General de la República.
¿Cuáles son los siguientes pasos de la oposición?
Al recibir el certificado de cumplimiento de la recolección de ese mínimo del uno por ciento de las firmas de ciudadanos venezolanos para iniciar el proceso del revocatorio, Juan Carlos Caldera, representante de la MUD, señaló que la solicitud del próximo paso se hará hoy o mañana; el CNE tiene otros 15 días para analizar esta solicitud, y una vez aprobada, otros 15 días para ubicar los puntos en los que casi 4 millones de electores (20 % del padrón electoral) tienen que manifestar su voluntad de revocar a Maduro ante funcionarios del Consejo Electoral.
Si estos 4 millones de firmas se recogen (se señala que el CNE colocará los puntos de recolección aislados y dispersos para tratar de impedir este objetivo), el organismo tiene otros 90 días para convocar y fijar la fecha del revocatorio contra Maduro.
¿Qué dicen los leales al régimen chavista?
Técnicamente, señala Caldera, hay tiempo para hacerlo este año; pero el plazo es tan apretado que cualquier dilación podría enviarlo a 2017, y Jorge Rodríguez, portavoz del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para «defenderse» del revocatorio y expresidente del Consejo Nacional Electoral, señaló que han introducido más de 8.600 demandas contra el uno por ciento de las firmas, y que el referendo está «muerto legalmente», aunque ni la Fiscalía ni el Tribunal Supremo de Justicia (en el que también se han introducido demandas y amparos contra la MUD) se han manifestado sobre el tema. En todo caso, el Tribunal Supremo ha emitido este año 19 sentencias, invariablemente contra la oposición, lo que deja pocas dudas de su sesgo.
Si la oposición logra llegar al día del referendo, aún tiene que sacar más votos que los que obtuvo Maduro hace tres años (unos 7,5 millones) para desalojarlo del poder y, por supuesto, que la opción del sí lo gane.
Pero la meta no parece descabellada, toda vez que en las elecciones parlamentarias ya la oposición obtuvo 7,8 millones de votos a favor y que encuestas de opinión dan un margen de entre 25 y 40 puntos de ventaja a su favor si se produjera el revocatorio, que, según los propios sondeos, desean aproximadamente el 85 % de los 19 millones de electores venezolanos.
¿Qué consecuencias tendría para Maduro?
Si el referendo se produce este año, Maduro deberá salir del poder, se convertirá en el primer presidente revocado de la historia latinoamericana y, además, se convocarán nuevas elecciones para terminar este período presidencial en el 2019; si el referendo fuera el año que viene, en cambio, Maduro podrá elegir a un vicepresidente para culminar el período, y por eso la oposición tiene prisa por activar el revocatorio y el Gobierno, ansia por frenarlo.
El CNE tardó más de tres meses en el paso del 1 %, que ni siquiera está en el reglamento de referendos revocatorios aprobado por la propia Lucena como uno de sus primeros actos administrativos, en el 2007. La funcionaria, elegida por siete años ese año, y reelegida por igual lapso en el 2014, es frecuentemente criticada por su cercanía al chavismo y especialmente a Rodríguez, de quien se dice que todavía da órdenes en el ente comicial.
Refugiados en el Parlamento para evitar su detención
Desde el pasado jueves, los diputados venezolanos Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana duermen en el Parlamento. No durante las sesiones, como en muchas partes del mundo; han hecho del palacio legislativo su residencia para evitar ser detenidos por la policía política del país sudamericano.
Los diputados, de sangre indígena y representantes del fronterizo estado de Amazonas, fueron acusados de desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, y amenazados con prisión por Diosdado Cabello, número dos del chavismo. No pudieron incorporarse a sus cargos por una decisión de amparo de la Sala Electoral del máximo tribunal del país, que recibió una denuncia del gobernante PSUV por un fraude electoral en este remoto y despoblado estado; siete meses después, el jueves, fueron incorporados a sus escaños por la directiva de la Asamblea Nacional, que también tiene sobre sí la amenaza de una detención intempestiva.
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, argumentó que siete meses después del amparo por presunto fraude caducó, luego de que la Sala Electoral no avanzara, en absoluto, en la investigación del caso. Pero la Sala reaccionó el lunes, señalando que la reincorporación de los representantes del estado de Amazonas es «nula» y que sí está recibiendo evidencias del presunto fraude para armar un caso.
El TSJ no actúa simplemente por el deseo de evitar un fraude cuya única prueba es una grabación de audio que revela la presunta compra de votos. Los tres diputados de Amazonas dan a la oposición la mayoría de dos tercios del Parlamento que le permite cogobernar. Ygarza indica que esta es la verdadera razón por la cual los suspendieron.