La Guardia Civil cree que Rato usó al Santander y a CaixaBank para engañar al fisco
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Los agentes de la UCO sospechan que en parte de esos trabajos el exministro pudo recurrir a una ficción instrumental para no figurar directamente en el contrato
08 ago 2016 . Actualizado a las 11:41 h.Los distintos frentes abiertos en la investigación sobre la ocultación del patrimonio real de Rodrigo Rato siguen aumentando. Uno de los últimos lo componen las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los asesoramientos que quien fuera ministro de Economía con José María Aznar prestó a dos de los principales bancos del país años atrás. En concreto, al Santander y CaixaBank.
Con el primero empezó a trabajar como asesor internacional en el 2008, medio año después de haber dimitido como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por razones personales. Con esa ocupación estuvo dos años, cobrando en total cerca de 200.000 euros, hasta que fue nombrado en enero del 2010 presidente de Caja Madrid y, un año después, de Bankia. Tras su salida de allí en el 2012, volvió a colaborar con la entidad que entonces encabezaba Emilio Botín.
También fue consejero de Criteria, la filial que agrupa las participaciones industriales de La Caixa. Aquello coincidió con su primera etapa asesorando al Santander (2008-2010) y finalizó por razones de incompatibilidad, al pasar a dirigir a un competidor bancario directo. Ya en el 2014 entró en el consejo de Servihabitat, la inmobiliaria de la entidad financiera catalana, aunque apenas duró medio año.
Simulación de contrato
Los agentes de la UCO sospechan que en parte de esos trabajos el exministro pudo recurrir a una ficción instrumental para no figurar directamente en el contrato. El fin último de esta estrategia era optimizar su tratamiento fiscal, puesto que al firmar una sociedad suya (Kradonara) en vez de él mismo abrió la puerta a tributar luego esos ingresos en el impuesto de sociedades y no como IRPF, que le hubiera resultado más oneroso.
El problema es que tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria consideran que eso, en la práctica, supondría «un fraude por simulación de contrato». Argumentan que pese a que es Rodrigo Rato quien presta el servicio remunerado, en el contrato «interpuso a una persona jurídica», y además opaca, para ocultar a Hacienda el destinatario real del dinero.