El Salvador niega la extradición a España de un militar por la masacre jesuita

En 1989 fueron asesinados en el país seis sacerdotes, cinco de ellos españoles, y dos de sus  colaboradoras

El jesuita Ignacio Ellacuría durante la presentación, en 1989, de una propuesta de tregua del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador
El jesuita Ignacio Ellacuría durante la presentación, en 1989, de una propuesta de tregua del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó la petición de España de extraditar a un exoficial capturado y acusado, junto a otros tres, de ser parte de un grupo que en 1989 planeó y asesinó a seis sacerdotes jesuitas y a dos de sus colaboradoras, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.

Cinco de los seis jesuitas eran españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, destacadas figuras internacionales de la Teología de la Liberación. El hecho ocurrió el 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña.

El beneficiado con la medida es el excoronel Guillermo Bernavides, uno de los que conspiró para la ejecución de la masacre. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que el exoficial ya fue juzgado e indultado en El Salvador, informó el magistrado Martín Rogel, quien aseguró que el análisis del caso continuará.

Los militares reclamados por España fueron inicialmente 18. Uno de ellos falleció mientras que otro está encarcelado en Estados Unidos por delitos migratorios. Solo 16 residen en El Salvador: cuatro de ellos se encuentran prisioneros y doce prófugos.

La decisión de no extraditar a Benavides habría sido tomada por la unanimidad de los 15 magistrados del máximo tribunal de justicia. Aún no se conoce la decisión de la justicia local para los otros tres capturados y para los prófugos.

Organismos independientes como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el estadounidense Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), indican que dado que la amnistía de 1993 fue anulada, los acusados de asesinar a los jesuitas deberían ser juzgados en El Salvador.

El mes pasado la CSJ anuló la Amnistía General de 1993, que impedía que fueran juzgados aquellos militares y guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil , por lo que en la actualidad tales demandas podrían reactivarse.

La guerra civil en El Salvador costó la vida a 75.000 personas, 8.000 quedaron desaparecidas y un millón huyó del país, especialmente a Estados Unidos.

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