El «Dioni de Almensilla» entra en prisión tras estafar millones a más de seiscientas familias

R. C. MADRID / COLPISA

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José Manuel Vidal | EFE

Julio Mateos Palacios llevaba ya más de un año en paradero desconocido cuando, el pasado lunes, la Policía Nacional le detuvo en el aeropuerto madrileño de Barajas

19 ago 2016 . Actualizado a las 07:47 h.

El titular del juzgado de Instrucción número uno de Coria del Río (Sevilla) decretó ayer prisión provisional para Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario. Además, el juez le impuso una fianza de 4.810.000 euros, debido al riesgo de fuga, pues Palacios llevaba ya más de un año en paradero desconocido cuando, el pasado lunes, la Policía Nacional le detuvo en el aeropuerto madrileño de Barajas.

El supuesto delincuente fue deportado por la República Dominicana por su condición de ilegal en el país caribeño, y estaba en busca por apropiación indebida de casi cuatro millones de euros provenientes de una junta de compensación urbanística que constituyeron los cerca de seiscientos propietarios de una urbanización de Almensilla para dotarla de infraestructuras como caminos asfaltados, electricidad para los domicilios y agua corriente, y de la que era tesorero. Contaba con una orden de detención europea y acumulaba otras dos causas judiciales por estafa y delito contra la salud pública. Aunque Palacios declaró ayer por su presunta estafa en la junta de compensación urbanística, el acusado se acogió a su derecho a no declarar. Se estima que el desfalco podría haber afectado a 600 familias. Varias decenas de afectados, en su mayoría pensionistas, se presentaron ayer a las puertas del juzgado para increpar al extesorero. La plataforma de propietarios espera que el arresto de Palacios «esclarezca» el desfalco, que duda que «esta trama sea solo cosa de una persona». 

En paradero desconocido

Los hechos se iniciaron en enero del 2006, cuando el arrestado estaba al cargo de la junta de compensación urbanística y figuraba como autorizado en las cuentas de esta entidad. Desde entonces y hasta mayo del 2015, aprovechándose de su posición, se fue apropiando progresivamente de cuantiosas sumas de dinero. En un correo remitido al secretario-presidente de dicha entidad, llegó incluso a reconocer que se había apropiado de dos millones y medio de euros que tenía la junta para pagar a una entidad bancaria. A partir del momento en el que este correo fue enviado, el detenido se encontró en paradero desconocido.

Las primeras pesquisas revelaron que Julio Palacios estaba residiendo en la República Dominicana, lugar desde donde se dedicaba a la comercialización de aceite de oliva a través de las sociedades en las que figuraba como administrador. Su situación administrativa en el país era de ilegal, por lo que las autoridades dominicanas procedieron a su deportación y repatriación a España.

El fugitivo también estaba siendo buscado por otros dos juzgados de Sevilla por un presunto delito de estafa y por un presunto delito contra la salud pública. Esta última causa se originó al detectarse que algunas de las numerosas empresas en las que ostentaba cargos mercantiles, se dedicó a la venta de aceite de oliva virgen extra adulterado que, -si bien en un principio ofrecía una calidad a un precio competitivo-, finalmente, y bajo el mismo etiquetado, contenía aceite de semillas o de orujo, e incluso aceite usado como combustible para lámparas y no apto para el consumo humano. Por estos hechos se procedió a la detención de uno de sus hermanos, su hija y su yerno y se procedió a la retirada del mercado de los aceites comercializados por sus empresas.