El empresario niega las acusaciones de trato denigrante y racista, jornadas de hasta ochenta horas, trabajo en negro y salarios irrisorios
06 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Trabajo en negro, esclavitud laboral y trato vejatorio y racista: así de duras son las acusaciones que dos repartidores despedidos de la cafetería La Santina, en la calle Avelino González del barrio gijonés de Nuevo Gijón, hacen contra el propietario del establecimiento, Javier Pérez, a través del sindicato CNT. La central anarquista ha convocado un boicot contra el establecimiento y una concentración ante él a las 20 horas del próximo 7 de septiembre y asegura disponer de grabaciones y actas que demuestran la veracidad de las denuncias, si bien Pérez las niega en bloque e invita al sindicato a hacer públicas esas supuestas pruebas contra él.
Según expone a este periódico Héctor González, secretario de Organización de CNT y el encargado de la gestión de este conflicto, los dos empleados, con diez y cuatro meses de trabajo en la empresa respectivamente, acudieron al sindicato a mediados del pasado mes de julio para denunciar sus, presuntamente, más que irregulares condiciones de trabajo: ninguno de los dos tenía contrato y ambos acumulaban un enorme volumen de horas extra no pagadas.
Las jornadas eran denunciadas como «maratonianas»: uno de ellos, empleado a jornada completa, declaraba haber llegado a trabajar ochenta horas semanales, y el otro, a media jornada, cuarenta debiendo en teoría no trabajar más de veinte. Los sueldos, pagados en negro, eran de 1.000 y 600 euros respectivamente. Motivo de queja eran también «las escasas horas de descanso», que estaban sujetas, siempre según los denunciantes, a que en cualquier momento tuvieran que volver a trabajar, si eran requeridos por el jefe, en menos de ocho minutos, siendo objeto de fuertes multas cualquier tardanza más allá de ese lapso. El empresario niega vehementemente todas estas acusaciones, que considera una «extorsión».
Supuestas vejaciones racistas
Además de estos abusos, «lo que a estos trabajadores más les fastidiaba», según cuenta González, era el presunto «trato vejatorio» del jefe a sus empleados, manifestados en «insultos de diverso tipo, amenazas de agresiones y comentarios despectivos y racistas hacia sus trabajadores» y particularmente hacia un cocinero de raza negra. La CNT dice estar en poder de un acta que demuestra que ya en 2012 la empresa fue objeto de una inspección de trabajo por esas acusaciones de racismo y otras denuncias similares a las planteadas ahora, pero Pérez se muestra particularmente irritado con esta acusación concreta. «¿Cómo voy yo a ser racista si el padre de mi nieta es de color también? Si yo fuera tan racista y tan mal lo tratara no llevaría aquí conmigo cinco años, ni se iría a su país cuarenta días para luego volver a trabajar conmigo», se defiende, negando además que fuera objeto de inspección de trabajo alguna.
El sindicato asegura disponer también de grabaciones realizadas durante un acto de conciliación con Pérez en las que éste reconoce «la mayoría y lo más gordo» de este conjunto de denuncias y particularmente la falta de contrato y de alta en la Seguridad Social, pero no la categoría de los dos trabajadores afectados ni por lo tanto la cantidad de dinero que el sindicato ha calculado que se les debe en concepto de horas extras no pagadas. Tal reclamación asciende a 11.500 euros, pero, según González, la cantidad adeudada es en realidad mucho mayor, de cerca de veinte mil euros. Si no elevan su reivindicación hasta esa cifra, dice, es porque «judicialmente no puedes reclamar toda esa deuda, porque si tú vas a un juez y le dices que en diez meses se deben veinte mil euros a un trabajador en horas extra, le da la risa».
El rechazo de Pérez a desembolsar esos 11.500 euros «enquistó el conflicto», según cuenta González. CNT inició entonces una campaña de pegada de carteles, reparto de octavillas, realización de pintadas y piquetes que no ha estado exenta de tensiones. Según denuncia CNT, Pérez se ha servido de amigos y familiares para insultar y agredir a los participantes en las protestas y arrancar y tachar con espray negro los carteles. Se da la circunstancia de que la mayor parte de la plantilla de La Santina está formada por parientes del propio Pérez, lo cual, unido a las reticencias de los trabajadores no relacionados familiarmente con el empresario, ha hecho imposible para el sindicato recabar apoyos para la protesta en el interior de la empresa. Sí los dicen tener, sin embargo, de antiguos empleados (sobre todo repartidores) y vecinos del barrio que les habrían dejado constancia de la veracidad de las denuncias a través de mensajes privados en las redes sociales. Pérez, a su vez, niega haber emprendido agresión alguna contra los participantes en la protesta. «La única agresión fue por parte de ellos», asegura.