Rato defiende las tarjetas black: «No tuve ningún motivo para dudar de que eran unas retribuciones plenamente legales»

Ana Balseiro
Ana Balseiro SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

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El exvicepresidente del Gobierno ha explicado que las tarjetas tenían un límite anual fijado antes de su llegada a Caja Madrid

04 oct 2016 . Actualizado a las 17:30 h.

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha defendido hoy en la Audiencia Nacional la «plena legalidad» de las tarjetas opacas que usó -junto con otros 64 ex altos cargos y consejeros imputados- durante los años que estuvo al frente primero de Caja Madrid y después de Bankia. «No tuve ningún motivo para dudar de que eran unas retribuciones plenamente legales», respondió el expresidente de la entidad bancaria a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

De «incentivos perfectamente legales» y «homologables» a los usados por el resto del sector financiero calificó Rato las polémicas tarjetas, a las que los encausados -acusados de apropiación indebida- cargaron 12 millones de euros entre enero del 2003 y mayo del 2012. El expresidente, que respondió al fiscal durante poco más de hora y media, no entró a valorar si pagar con esta fórmula a los directivos era o no una «buena práctica bancaria», como le preguntó el fiscal, que también le inquirió si en algún momento se había planteado modificarla. «No me parece ni bien ni mal. Se usaban», zanjó, subrayando que eran anteriores a su llegada a la presidencia de Caja Madrid -a él se la entregó el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj-, igual que el límite de los plásticos, que dijo no haber tocado tampoco, además de alegar que no recordaba si llegó a agotarlo alguna vez.

El que fuera máximo responsable del Fondo Monetario Internacional explicó que había sido durante la instrucción del caso cuando había conocido «más detalles» de las tarjetas. Respecto al sistema de control de estos medios de pago, quién los entregaba y con qué instrucciones de uso, Rato dijo que creía que las entregaba el secretario general, «a mí el director financiero y a los miembros del comité de dirección, el presidente anterior».

Explicó que antes del 2003 dichas tarjetas estaban consideradas como un incentivo por la comisión de retribuciones, pero «yo personalmente no le pregunté a nadie cuales eran sus retribuciones, ni ningún miembro del consejo o de la comisión de retribución me planteó ningún problema».

A preguntas del fiscal también subrayó repetidamente que la tarjeta cuya emisión ordenó en Bankia en el 2012 para sí mismo y otros ejecutivos era «un instrumento de liquidez» sobre el salario de cada uno y que de ningún modo ocultaba la intención de burlar la limitación legal impuesta ese año a sus retribuciones (no podían exceder los 600.000 euros anuales). «Yo propuse que se emitieran las tarjetas para usarlas exclusivamente sobre nuestro salario devengado. Eso fue una propuesta mía», señaló Rato, aunque negó ser el responsable de que el límite mensual de las mismas se fijara en 12.000 euros. De hecho, lo calificó de «desproporcionado».

Insistió en que los directivos de Bankia, incluido el ex consejero delegado Francisco Verdú, la habían aceptado, y que aunque este último no la hubiera usado nunca no le había advertido en ningún momento de que no la considerara una buena práctica bancaria. «De haberlo hecho, podríamos haber tenido un debate», dijo, pero no lo hubo.

En su declaración, Rato también cargó contra los actuales gestores de Bankia, asegurando que «antes tenía mejor opinión sobre su buena fe». Señaló que la entidad había seguido declarando como gastos deducibles hasta noviembre del 2015 -incluso después de denunciarlos ante el FROB como irregulares- los gastos de la cuenta a la que iban las tarjetas. «Y para que un gasto pueda ser deducible, tiene que ser legal», espetó.