El PP se alinea con el resto de acusados y pide la nulidad del caso Gürtel

La defensa del PP en el macrojuicio del caso Gürtel, en el que figura como responsable civil por lucrarse con las actividades de la trama corrupta, reclamó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional que declare la nulidad del origen del procedimiento, cuya consecuencia práctica sería la invalidación de todas las actuaciones que incriminan a los 37 acusados en la vista oral. El abogado del PP, Jesús Santos, a la sazón exfiscal de la Audiencia Nacional, se sumó a las peticiones de nulidad realizadas por las defensas del grueso de los imputados, como la del el número dos de Gürtel, Pablo Crespo, o la del extesorero Luis Bárcenas, por la «posible conculcación de derechos fundamentales» en los cinco años y medio de investigación de la causa.

El letrado enumeró la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, es decir, a la competencia inicial del juez Baltasar Garzón para instruir el caso. Continuó denunciando que las escuchas al cabecilla Francisco Correa que activaron la investigación, presentadas por el imputado José Luis Peñas, exconcejal de Hacienda de Majadahonda (Madrid), fueron obtenidas de forma irregular. Y remató recordando que la intervención de las conversaciones en prisión acordadas por Garzón, que supusieron su inhabilitación tras ser condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo, fueron «ilegales, ilícitas y delictivas» y viciaron el procedimiento.

Todos estos argumentos de Santos son un torpedo en la línea de flotación del mensaje de la cúpula del partido de «respeto máximo» a los tribunales. Primero, porque tanto la competencia inicial de Garzón como las grabaciones presentadas por el denunciante ya fueron avaladas por los jueces. En el caso de las escuchas de Peñas, fueron validadas nada menos que por tres instructores en Gürtel (Pablo Ruz, Antonio Pedreira y José de la Mata), las fiscales anticorrupción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En segundo lugar, porque sitúa la estrategia de defensa del PP en la línea de los principales acusados -todos salvo Correa, que guardó silencio, apuntaron a Garzón, a las grabaciones de Peñas o a las escuchas ilegales- y se distancia de la de Ana Mato.

«Equívocos y ambiguos»

La abogada de la exministra de Sanidad, que tiene la misma condición procesal de responsable civil como partícipe a título lucrativo que el PP, se limitó a decir al tribunal que a su cliente le ampara la ley para no estar presente en el juicio. Pero no se adhirió a ninguna nulidad. El abogado de los populares abundó en que desconoce por qué se les acusa como persona jurídica y tildó los criterios de la Fiscalía y del juez instructor de «equívocos, inadecuados, ambiguos e inconcretos».

Anticorrupción reclama al partido 245.492 euros por beneficiarse presuntamente de las actividades de sus exalcaldes en Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. «Tenemos enormes dificultades para contrarrestar este relato fáctico de la acusación porque no tenemos informes, documentación ni facturación. Por eso alegamos plena indefensión y excluirnos del procedimiento. Debería ser los grupos municipales (del PP) en Majadahonda y Pozuelo quienes ocuparan esta condición, pese a no tener personalidad jurídica propia», defendió Santos ante el tribunal. Es decir, el PP nacional no, pero sí tendrían responsabilidad sus grupos en las dos localidades madrileñas. El tribunal resolverá la petición de los populares el próximo lunes.

Asimismo, en la jornada ayer las defensas del extesorero (1982-1987) de AP Ángel Sanchís Perales y de su hijo, Ángel Sanchís Herrero, pidieron también la nulidad de determinadas actuaciones por motivos diferentes al PP. Justificaron que no reconocen la competencia del tribunal porque los hechos por los que se les acusa, un delito de blanqueo de capitales por ocultar presuntamente tres millones de euros de Luis Bárcenas procedentes de Suiza, además de ser inciertos, se produjeron en Argentina. En el caso del hijo, su defensa planteó que la Justicia argentina ya tiene un procedimiento abierto por los mismos hechos, por lo que se tendría que aplicar el principio de que no se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

Pactos a la vista entre las partes

La fase de cuestiones previas de cualquier juicio permiten vislumbrar las estrategias de defensa que seguirán los imputados y el camino, ya trazado en sus escritos de calificación, que seguirán las acusaciones. Peticiones de nulidad, nuevas testificales... Pero también ofrece pistas para conocer los acercamientos previos entre abogados de los acusados y la Fiscalía, la negociación de posibles acuerdos de conformidad, mediante los cuales los primeros asumen su culpabilidad y una pena menor a la prevista a cambio de abandonar el banquillo.

Así lo dejaron entrever las defensas de al menos tres de los 37 acusados en este macrojuicio que comenzó hace dos días en Madrid. Se trata del empresario Alfonso García-Pozuelo, presidente de la constructora Hispánica Sociedad Anónima, para quien la Fiscalía reclama cuatro años y medio de prisión; el también empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno del expresidente del Gobierno del Partido Popular José María Aznar), para quien solicitan dos años de prisión; y Roberto Fernández, exconcejal de Hacienda del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión.

Granados seguirá en la cárcel porque todavía oculta una gran cantidad de dinero

El cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, seguirá en la cárcel dos años más, hasta el máximo legal de cuatro, porque existe un alto riesgo de fuga. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó ayer denegar la libertad al expolítico del PP, encarcelado desde el 31 de octubre del 2014, porque sigue teniendo a su disposición «de una manera oculta una gran cantidad todavía elevada de dinero, que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle y que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la Justicia».

El juez incluye todos los indicios recabados en la investigación contra el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid, actualmente preso en una cárcel madrileña. Y recuerda que, además, Granados está obstaculizando todo lo que puede la investigación. Unas maniobras para embrollar las indagaciones que, en el caso de ser excarcelado, podría redoblar al contar con apoyos incondicionales. «Esta investigación, como pocas, está evidenciando un sentido de no colaboración y de apoyo ideologizado por parte de determinadas personas que ha llevado a la destrucción de pruebas», apunta el instructor, que vaticina que esta actitud de boicotear la investigación podría «todavía aumentar» en «caso de ser presencial y más directa la presión del investigado», una vez en libertad.

Investigación secreta

Velasco, que se felicita por haber mantenido en secreto la investigación para evitar estas obstrucciones, se ve en la obligación de recordar que el entorno de Granados ha destruido documentos del Ayuntamiento de Valdemoro, ha pasado por la trituradora documentos y que incluso contó con el «chivatazo» de un guardia civil.

La Fiscalía y las acusaciones habían pedido que se prorrogase la prisión, mientras que la defensa del imputado reclamó su libertad por motivos humanitarios y apelando a que no existe riesgo de fuga, ya que su familia (mujer e hijos) vive en España. El abogado de Granados, Carlos García de Ceca, pidió que su cliente declare de nuevo ante Velasco, ya que «quiere concretar algunas cosas».

Merino dice que el implicado es otro con su mismo nombre

La defensa del exdiputado del PP Jesús Merino Delgado pidió ayer que testifique en el juicio de Gürtel un hombre que comparte con su cliente el nombre y primer apellido al considerar que podría tratarse de la persona a la que se hace referencia en la investigación. El letrado ya pidió en su día su comparecencia, que rechazó el tribunal.

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