El letrado de Miguel Ángel Muñoz, que confesó el crimen de Denise Pikka Thiem, considera que su detención fue «ilegal»
03 nov 2016 . Actualizado a las 16:24 h.La defensa del acusado por el asesinato de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem ha pedido la nulidad de todas las pruebas realizadas después de la detención de su defendido por considerar que esta fue «ilegal» y ha pedido el archivo de la causa. El letrado Vicente Prieto ha hecho esta petición en la celebración de una vista en la Audiencia Provincial de León para la resolución de las cuestiones previas de este juicio, que se celebrará previsiblemente el próximo año con un centenar de testigos.
Miguel Ángel Muñoz, de 40 años, fue detenido el 14 de septiembre de 2015 en Grandas de Salime (Asturias) y condujo a la Policía hasta un paraje situado entre las localidades leonesas de Santa Catalina de Somoza y San Martín de Agostedo, donde señaló el lugar donde había escondido el cadáver de la peregrina, a la que confesó que había asesinado.
El detenido era el principal sospechoso desde la desaparición de la peregrina estadounidense, de 41 años, ocurrida el 5 de abril de 2015, cuando hacía el Camino de Santiago. A juicio del abogado defensor, en la detención y posterior tratamiento del sospechoso se vulneraron los derechos a la libertad personal del acusado, Miguel Ángel Muñoz, puesto que la detención se produjo «sin pruebas suficientes». «Entre la búsqueda y la detención pasaron seis meses en los que parece que la Policía había puesto el foco en el acusado desde el día 1, interviniendo incluso su teléfono y su e-mail y durante los que fue sometido a vigilancias vulnerando su derecho a la libertad personal», ha criticado.
Además, el letrado de la defensa ha denunciado que la detención se produjo aprovechando un viaje a Asturias que «fue interpretado como una huida» cuando realmente era «un viaje de vacaciones al terminar el curso, ya que estaba estudiando». «Se ha detenido a una persona sin causa legal para hacerlo ya que no había ninguna prueba que justificase la misma, por lo que se debe dar nulidad a todo lo actuado como consecuencia de una detención ilegal», ha recalcado. Además, ha considerado que se vulneró también su derecho a la asistencia letrada al haber pasado siete horas hasta que se comunicó su detención al Colegio de Abogados de León.
Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular han pedido que no se estimen estas cuestiones planteadas por la defensa. El ministerio fiscal ha recordado que sí había pruebas suficientes para justificar su detención, como el cambio de más de mil dólares a euros fruto de un supuesto robo a la fallecida o el hecho de que el acusado pintó su casa. Además ha agregado que no se vulneró su asistencia letrada.
Para la acusación particular, que conduce el letrado Fernando Rodríguez, la mayor prueba que existe es «la confesión de los hechos por parte del acusado», además de las ya citadas por el fiscal, y ha subrayado que los hechos son «suficientemente graves» como para que la causa no pueda ser archivada