El Estado colombiano expulsa a Fenosa de la gestión de su filial en ese país

La acusa de desatender el servicio y la española reclama 1.200 millones en impagos


redacción / la voz

El Gobierno colombiano ha cumplido su amenaza y ha expulsado temporalmente a Gas Natural Fenosa de la gestión de su filial Electricaribe, que distribuye energía eléctrica a 2,5 millones de habitantes de la costa caribeña, una de las zonas más pobres del país sudamericano. La orden de intervención estatal de la compañía -cuyo 85 % está en manos de la eléctrica española y el otro 15 % en las del Estado- se produce tras fracasar meses de negociaciones bilaterales en aras de alcanzar una salida a la delicada situación económica de la filial. Los clientes le deben 1.200 millones de euros en facturas impagadas a lo largo de los últimos diez años. Además, el tercer trimestre de este 2016 se cerró con unas pérdidas de 33 millones.

El servicio de distribución eléctrica está regulado por el Estado y, por tanto, la eléctrica estaba obligada a mantener la prestación aunque no cobrase por ella. Además, distintas sentencias judiciales prohibían a la empresa cortar el suministro por impago debido al carácter de servicio social básico de la luz.

De esta manera, la deuda de Electricaribe ha ido engordando con los años, sin que hasta el momento el Estado colombiano haya atendido a razones.

Gas Natural Fenosa exige al Gobierno de Juan Manuel Santos que establezca un marco regulatorio que resuelva los problemas de morosidad de los clientes y también de fraude a través de enganches ilegales a las viviendas para disponer de energía. También reclama un plan de pagos para cobrar la deuda en varios plazos.

La intervención temporal de la compañía -que durará entre dos y tres meses- se produce solo dos días después de que el propio presidente de la eléctrica española, Isidro Fainé, acompañado por su consejero delegado, Rafael Villaseca, se reuniese en Bogotá con el propio Santos. A la vista del resultado, las conversaciones fueron un fiasco.

El ministro colombiano de Energía, Germán Arce, informó a través de su cuenta de Twitter de que la «toma de posesión de Electricaribe es la mejor alternativa para garantizar el servicio de energía familiar e industrial del Caribe». También habla del «problema histórico en el servicio de energía en el Caribe» y avanza que la intervención se produce «por la falta de acuerdo en la capitalización». El Gobierno pretende que la compañía española aumente la inversión en la red de distribución para mejorar el servicio ante el riesgo de los cortes de suministro. Fuentes de Gas Natural Fenosa avanzaron que en las conversaciones con las autoridades colombianas no se había concretado una cifra de inversión y que, en todo caso, en los cinco últimos años habían gastado 320 millones en la filial colombiana.

Las mismas fuentes explicaron que no están sorprendidas por la orden de intervención sobre la gestión de la compañía, que se ejecutó este martes, y en todo caso insistieron en que se trata de una medida provisional y que la propiedad sigue siendo de la eléctrica española. Es decir, que no se trata de una expropiación.

La compañía dirigida por Isidro Fainé envió un comunicado oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores informando de la toma de posesión, en el que subraya su «total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora, de cara al futuro».

Gas Natural Fenosa confía en que la administración temporal de Electricaribe no tenga impacto sobre la operativa de la compañía y estima que esa intervención no impactará ni en su cuenta de resultados ni en el reparto de dividendos.

La eléctrica española tiene previsto interponer a principios de año un conflicto contra el Estado colombiano ante el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

Expropiaciones a Repsol, Iberdrola y Red Eléctrica en Argentina y Bolivia

La intervención temporal de la gestión de Electricaribe por parte del Estado colombiano puede ser el primer paso hacia la expropiación de la compañía. O no. Todo dependerá de cómo evolucionen las conversaciones no oficiales (las otras están rotas). La inversión española en Electricaribe se remonta al año 2000, cuando la aún gallega Fenosa adquirió el 85 % de la antigua compañía estatal. Gas Natural asumió esa filial en el 2009 tras la compra de la eléctrica galaica. Siete años después, se queda temporalmente sin la gestión de la filial.

Este no es el primer problema al que se enfrenta una empresa española con sus inversiones en países sudamericanos. Los antecedentes más recientes se remontan al 2012. Fue un annus horribilis para  Repsol, Iberdrola y Red Eléctrica de España (REE). La primera fue expulsada de Argentina y las dos últimas, de la Bolivia de Evo Morales.

Cristina Fernández, inquilina entonces de la Casa Rosada, firmó el decreto de expropiación de YPF descontenta con la escasa producción de crudo. Dos años después, Repsol y el Estado argentino alcanzaron un acuerdo de compensación, según el cual la petrolera española recibió 5.000 millones de dólares (4.600 millones de euros).

Iberdrola, por su parte, se quedó sin cuatro distribuidoras de electricidad en Bolivia, pero en el 2015 fue compensada por el Gobierno de Morales con una indemnización de 32 millones de euros.

Ese mismo país sudamericano nacionalizó Transportadora de Electricidad (TDE), adquirida por REE en el 2002, aunque alcanzaron un pacto de compensación por valor de 65,3 millones de dólares (61 millones de euros), que una vez descontadas las deudas, se quedaron en 29 millones de euros.

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