La oposición recela de la independencia e imparcialidad del fiscal general del Estado

Los grupos de la oposición en el Congreso han alabado el currículo del candidato a fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pero han mostrado «recelos» respecto a su independencia del Gobierno y a su imparcialidad.

En sus preguntas al magistrado del Supremo durante la Comisión de Justicia que analiza la idoneidad de Maza, los grupos han coincidido en pedirle independencia del Gobierno y también le han solicitado su opinión sobre las grabaciones a Jorge Fernández Díaz, el papel de la Fiscalía en el caso Nóos, el límite a los plazos de instrucción o que los fiscales lideren la investigación judicial.

El portavoz socialista en la Comisión, Juan Carlos Campo, ha expresado su desconfianza y «recelos» ante la llegada de Maza y ha recordado que, según las hemerotecas, «solo discrepancias de última hora sobre renovaciones de la cúpula fiscal» han apartado del cargo a Consuelo Madrigal.

Por ello, el PSOE vigilará la política de nombramientos que se siga en los próximos meses, ha indicado el diputado socialista, quien ha animado al candidato a «despejar dudas» sobre su relación con la empresa privada en beneficio de la institución.

Campo le ha preguntado además si ve posible que los fiscales lleven el peso de las investigaciones penales en lugar de los jueces de instrucción sin un notable incremento de medios y ha prometido que su grupo estará muy «atento» a su actuación.

El diputado de Podemos Jaume Moya también ha cuestionado su idoneidad al recordar que la polémica que rodeó a Maza en el 2012 por su actividades extrajudiciales como docente de centros privados, que fue denunciada por un grupo de juristas ante el CGPJ, «suscita serias dudas sobre su imparcialidad».

Por ello, le ha pedido que «esa sombra de duda que tuvo no se proyecte a su responsabilidad como fiscal general» y, por tanto sea transparente, al tiempo que le ha trasladado el reto de «superar el daño causado a la institución por responsables del PP».

Moya le ha preguntado si mantendrá la línea de su antecesora en el cargo, que emprendió «una cascada de querellas» contra políticos y alcaldes catalanes; y le ha solicitado que se pronuncie sobre la situación de los inmigrantes irregulares y, en particular, sobre los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE).

El diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes ha ofrecido al candidato «como mínimo el beneficio de la duda», aunque ha advertido de que no se trata de un cheque en blanco, sino una actitud de «prudente espera».

«Ocasión tendremos de evaluar su desempeño», ha apuntado el parlamentario, quien ha dicho compartir los principios de honradez, honestidad y autonomía que ha defendido en su comparecencia el aspirante a fiscal general.

«El fiscal no puede ser un fiscal del Gobierno», ha afirmado el diputado, y le ha pedido que diga si «va a recibir instrucciones del Gobierno» o va a ser «un fiscal de la legalidad y de los ciudadanos» y que dé su opinión sobre las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendiendo la licitud de estas instrucciones.

En sus preguntas, ha aludido a «los efectos perversos» que a su juicio ha tenido la limitación de los plazos de instrucción y ha pedido la «revocación inmediata» de esa medida.

Lourdes Ciuró, diputada del PDECat, ha felicitado al fiscal, pero también le ha preguntado por la imparcialidad y autonomía de la Fiscalía, sobre todo tras las grabaciones al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que parecía ofrecer los servicios del ministerio fiscal contra dirigentes soberanistas catalanes.

Por parte de ERC, Ester Capella ha alabado su buen currículum y se ha referido a sus palabras sobre la autonomía de la Fiscalía: «Le ruego encarecidamente que haga de esto un principio básico de su actuación», le ha pedido la diputada catalana.

También le ha preguntado por su opinión sobre la actuación del ministerio público en el caso Nóos, en el que el fiscal «actuó más como portavoz de la defensa (de la infanta Cristina) que de la acusación pública», así como por la «vulneración sistemática de los derechos lingüísticos».

Desde el PP, María Jesús Moro ha opinado que el perfil de Maza es «sumamente adecuado» para el cargo, por «rigor, solvencia, experiencia, fortaleza de criterio, conocimiento y respeto de los profesionales», además de por su voluntad de aceptar «un cometido nada fácil».

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