Castellano y González-Bueno revelan que el FROB impidió a García de Paredes devolver el dinero, y lo critican

Sofía Vázquez
Sofía Vázquez REDACCIÓN

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Castellano, a su llegada a los juzgados
Castellano, a su llegada a los juzgados CESAR QUIAN

Lamentan la postura del Fondo porque habría evitado «un gran disgusto»

03 dic 2016 . Actualizado a las 11:34 h.

Sentados delante del juez, los que fueron los dos máximos ejecutivos de NCG Banco, José María Castellano y César González-Bueno, detallaron los hechos ocurridos cinco años atrás y fundamentales para que la jueza pueda decidir si el contrato multimillonario del exdirectivo Javier García de Paredes era o no legal.

Castellano comenzó su declaración asegurando que contaba con el exdirectivo para trabajar en el nuevo banco, cuyo consejero delegado sería César González-Bueno. Sin embargo, tras una primera reunión -y un primer desencuentro- entre González-Bueno y García de Paredes, de común acuerdo decidieron que lo mejor sería que la persona que había llevado el proceso de fusión por parte de Caixa Galicia saliera de la entidad resultante de la unión. Los términos fueron ratificados por el que fue consejero delegado a reiteradas preguntas de los abogados del FROB, NCG Banco (hoy Abanca) y la defensa.

«Me tenía que ir de viaje. Pregunté si el contrato era legal. Me dijeron que sí, y seguidamente pedí que lo liquidaran», explicó Castellano, quien durante el interrogatorio de las acusaciones dijo que «las condiciones económicas de los contratos las habían puesto las antiguas cajas de ahorros», y que si eran legales nada tenía que decir. Estas condiciones pasaban por una indemnización de casi tres millones de euros y una prejubilación de cinco. El contrato de García de Paredes, según explicaron varios testigos a la juez, fue propuesto por el presidente de la entidad fusionada, Julio Fernández Gayoso, para equiparar al único directivo que procedía de Caixa Galicia a las condiciones de los tres procedentes de Caixanova. De ahí que los contratos fuesen «similares».

Tras la alarma social desatada en el otoño del 2011 por el pago de las indemnizaciones, González-Bueno explicó: «Decidimos ponernos en contacto con los exdirectivos para pedirles que renunciaran a un porcentaje significativo de las indemnizaciones [50 %] que habían cobrado. García de Paredes aceptó y se hizo público». Luego los tres representantes del FROB y Castellano fueron a Vigo a mantener una reunión con José Luis Pego, y «primero dijo que sí y luego, que no», recordó el expresidente. Los términos fueron confirmados por González-Bueno, quien recordó que había llegado a estar diez horas al teléfono un día para tratar de este asunto. «El FROB no quiso el acuerdo con Paredes», que aceptaba devolver 5 millones, dijo Castellano. González-Bueno fue más allá al precisar que el fondo tampoco quería articular a través de renuncias las indemnizaciones. «Hubiera sido bueno. Nos habría salvado de disgustos», apostilló.