Alemania deberá pagar a las eléctricas por el parón nuclear

Aunque la decisión de cerrarlas era legal, la Justicia avala el derecho de las empresas a ser compensadas


Redacción / La Voz

El Tribunal Constitucional de Alemania reconoció ayer el derecho de las empresas eléctricas del país a recibir una compensación «adecuada» por los perjuicios que les causó la aprobación en el 2011 de un inesperado apagón nuclear de sus centrales. El Gobierno alemán tomó la decisión después de la catástrofe de Fukushima, en Japón. El acuerdo establece el cierre progresivo de las plantas en función de su antigüedad, de tal modo que en el 2022 el país quedará libre de las instalaciones atómicas para la producción de energía. Hasta el momento se han cerrado nueve.

El alto tribunal respondió así a una demanda presentada por las compañías Eon, RWE y Vattenfall, ya que, en principio, el Gobierno no había establecido ningún tipo de compensación por el cese de actividad de sus instalaciones, aunque sí se había planteado la posibilidad de crear un fondo de 17.000 millones de euros. Las empresas estiman sus potenciales pérdidas en 19.000 millones de euros, que es la cuantía aproximada que están dispuestos a reclamar en los tribunales.

El fallo emitido por el Tribunal Constitucional, de hecho, no supone la concesión automática de una compensación económica a las compañías, pero pone las bases para que estas puedan reclamar las indemnizaciones mediante un acuerdo extrajudicial o a través de otro proceso en los tribunales. También existe la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con las compañías afectadas. En Alemania, cerca del 20 % de la electricidad procede de las centrales nucleares.

Los españoles ya abonaron cerca de 6.000 millones en el recibo de la luz por la moratoria

Los españoles ya saben lo que es pagar por la suspensión de proyectos nucleares. Hasta octubre del pasado año tuvieron que abonar en sus facturas de la luz, durante veinte años, la compensación a las compañías eléctricas por la moratoria nuclear que decidió el Gobierno de Felipe González en 1983, aunque hasta 1994 no se aprobó la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico que obligaba, a partir del año siguiente, a hacer efectivo el pago mediante una recarga en la facturación por venta de energía. En total se abonaron 5.717 millones de euros, de los que más de 1.300 fueron por intereses. El pago debía realizarse durante 25 años, por lo que tendría que mantenerse en vigor hasta el 2020, aunque se liquidó con antelación en el 2015. La moratoria nuclear española se llevó por delante las centrales nucleares de Lemóniz, con dos unidades, Valdecaballeros, también con 2, y Trillo II, que ya había iniciado las obras. La medida también afectó a la central de Regodolo, en Lugo, autorizada en 1976, aunque nunca fue más allá de un mero proyecto.

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