La reforma que el PP aceptaría

Citar a las autonomías por su nombre, establecer la igualdad de sexos para reinar, adaptar el Senado y reconocer la integración europea son los aspectos modificables


Redacción / La voz

La reforma constitucional se ha convertido en un mantra político, en una especie de purga de Benito para arreglar todo tipo de problemas -incluidos algunos que no tienen que ver con ella, como la ley electoral- y que invocan incluso los que no tienen interés en acometerla. Sin embargo, hay razones objetivas para retocarla en varios aspectos que se han quedado anticuados. El Partido Popular, la fuerza política que más se resiste a la reforma, ya se ha pronunciado en varias ocasiones favorable a ese proceso. Lo hizo Mariano Rajoy en agosto del 2015, a la salida del tradicional encuentro con el rey en Mallorca, cuando dijo que «en la próxima legislatura -es decir, esta que comienza- estamos dispuestos a dialogar» para abordarla. Y volvió a hacerlo un año después, en agosto pasado, cuando firmó con Ciudadanos el documento 150 medidas para mejorar España que facilitó el apoyo del partido naranja a su investidura.

En los dos casos, la base para la reforma que aceptaría el PP, y también Ciudadanos, es el informe presentado por el Consejo de Estado en febrero del 2006, a petición del Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Los aspectos a reformar serían cuatro:

Organización territorial

Las comunidades autónomas ya existen. La Constitución de 1978 se refiere a las comunidades autónomas en futuro; aún no existían como tales, y por tanto el título VIII, el que define la organización territorial de España, comienza diciendo que «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan». El artículo tercero, el que se refiere específicamente a la organización autonómica, también es de tipo dispositivo (es decir, señala un camino a seguir) y no normativo (o sea, que establezca normas jurídicas) cuando indica, por ejemplo, que «las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas», etcétera.

Se trataría de superar esta consideración de futurible de las comunidades, eliminar todas esas condiciones para su creación y hacer que figurasen con su nombre. Este proceso, que parece simple, tendría una primera dificultad: qué hacer con la definición de «nacionalidades». En una situación tan privilegiada como su artículo 2, la Carta Magna dice que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran», pero nunca especifica cuáles de esas partes son nacionalidades y cuáles, regiones.

La Corona

Reinar en femenino. Los constituyentes establecieron, desde el principio, una excepción que contradice la norma general y preferente de no discriminación de los ciudadanos españoles por razón de sexo que se establece en el capítulo segundo del título primero, y es la que se refiere a la sucesión en el trono. El título segundo señala que ese procedimiento «seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer», etcétera.

La preferencia del varón resulta ahora un inconveniente, tanto por la sensibilidad igualitaria generalizada en la sociedad como por el hecho de que la descendencia de los reyes Felipe y Letizia son niñas.

El Senado

Cámara territorial. Otra contradicción de la Constitución es que el Senado se define como «la Cámara de representación territorial», función que en realidad nunca ha cumplido. Dirigentes políticos de distinto signo han reconocido que la opción bicameral escogida en el período constituyente fue un arreglo para dar voz y espacio político a representantes del régimen anterior.

España en Europa

Soberanía continental. La ley fundamental no incluye más referencia a la integración de España en la Unión Europea que la introducida en el año 2011 con la reforma del artículo 135, que se refiere a la necesidad de mantener la estabilidad presupuestaria en los términos que establezca la autoridad comunitaria. La Constitución debería señalar de forma más explícita la pertenencia a una entidad supraestatal, en relación con la cual que existe una cierta cesión de soberanía.

La organización territorial del Estado, principal punto de discordia entre los partidos

El partido del Gobierno ha insistido durante las últimas semanas en que para acometer una reforma de la Constitución es imprescindible un amplio consenso. Pero alcanzar algo parecido al amplio acuerdo del 78 parece utópico. Varias de las formaciones con representación parlamentaria han presentado sus prioridades, la mayoría de ellas referidas a la organización territorial del Estado.

Para el PSOE, que ya ha intentado presentar la petición de que se cree una subcomisión para la reforma constitucional, España debe adoptar una conformación federal que dé cabida a las reclamaciones de mayor autonomía (fundamentalmente de Cataluña), aun sin reconocer el derecho a decidir de las comunidades. Además quiere que se garantice explícitamente el Estado social de derecho.

Unidos Podemos sí defiende que se reconozca a las comunidades el derecho a decidir sobre su permanencia o su independencia de España. Además, propone que se blinden los derechos a la sanidad, a la educación y a la vivienda; que se consagre la independencia judicial y se prohíban las llamadas puertas giratorias para quienes han ejercido cargos públicos.

Aunque las propuestas de cambio parecen hechas con la mirada puesta en Cataluña, ni ERC ni PDeCat han mostrado interés por ellas. Ambos partidos apuestan por un proceso constituyente en su comunidad. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, advertía ayer: «Que no cuenten con nosotros para una reforma que no aborde el problema nacional vasco».

Tanto el PP como Ciudadanos reclaman un amplio consenso para aplicar las reformas que sean necesarias. En las condiciones actuales, conseguirlo va a ser difícil.

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