Será detallada, para evaluar el impacto de la salida, pero no se revelará toda la información con el objetivo de no mostrar todas las cartas y que la UE tenga ventaja
08 dic 2016 . Actualizado a las 09:05 h.Los conservadores y los laboristas ofrecieron ayer un nivel de entendimiento pleno en la preparación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así, la mayoría de compañeros de partido de Theresa May aceptaron la propuesta del partido de la oposición de publicar una hoja de ruta sobre el brexit y solo el tory Ken Clarke se opuso.
En total, 461 parlamentarios votaron a favor del calendario del Gobierno para comenzar conversaciones formales a finales de marzo de 2017 y llamaron a que la primera ministra a que publique sus planes estratégicos antes del inicio de las mismas.
El ministro del brexit, David Davis, advirtió que estamos «ante una negociación, no ante una declaración de políticas», por lo que no se revelará toda la información para no mostrar todas las cartas y que la UE tenga ventaja. Sí que será lo suficiente detallado para que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria pueda evaluar su impacto.
Con ese consenso, la primera ministra se asegura que algunos de sus diputados más rebeldes no le pidan más transparencia, pero entre los laboristas 22 parlamentarios votaron en contra, preguntándose si no están dejando pasar el tren que les permita apretar a la formación de May.
Los que votaron en contra de la enmienda fueron los miembros del Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés). De hecho, su parlamentario Angus MacNeil la rechazó por su falta de respuestas, tildándolo de «brexit cobarde». Lo mismo ocurre con el responsable de los liberaldemócratas, Tim Farron, para quien no incluye «ningún compromiso significativo» sobre cuestiones tan fundamentales como permanecer en el mercado común.
Mientras, en el Tribunal Supremo siguieron debatiendo el recurso del gobierno para evitar tener que pedir autorización al Parlamento británico para invocar el artículo 50. El abogado general del Gobierno de Escocia, James Wolffe, defendió que el Parlamento autónomo escocés sea consultado antes de que el Ejecutivo británico active el proceso. Un argumento que también fue defendido por los letrados norirlandeses.