Los 65 encausados por el escándalo de las tarjetas «black» se enfrentan a 171 años de cárcel que solicitan las acusaciones; el juicio enfila su recta final
10 dic 2016 . Actualizado a las 09:04 h.«La justicia pagana ya les ha condenado». Con esta frase mezcla de queja, lamento y denuncia, los abogados de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los dos últimos presidentes de Caja Madrid, quisieron hacer ver ayer, en la recta final del juicio por los excesos de las tarjetas black, que a sus patrocinados se les quieren hacer «paganos de todas las responsabilidades», tratando de «mezclarlo» con la crisis de Bankia y sin tener en cuenta para ello las pruebas reales aportadas al procedimiento para atender solo a las «presunciones» y «figuraciones» de las acusaciones.
Fueron los primeros letrados de las defensas en exponer sus informes finales y, en parte, también los más vehementes, justo después de conocer las altas penas que la Fiscalía -sobre todo esta-, el FROB y la acusación particular piden para los 65 procesados en este escándalo, el del uso de tarjetas de una caja rescatada con dinero público y con las que los acusados despilfarraron 15,5 millones de euros entre 1999 y el 2012. Entre los acusados están varios directivos gallegos como Jesús Pedroche, Alejandro Couceiro y Francisco José Moure. La Fiscalía solicita, en conjunto, 171 años de prisión para todos ellos, a 14 años por millón gastado, según los cálculos de Cinco Días. Las principales peticiones de penas van para Blesa y Rato, para los que se piden hasta 10 años. La sentencia de la Audiencia Nacional se espera conocer ya el próximo año.
Las defensas fijan su estrategia en que el principal soporte documental de las acusaciones -los archivos de Excel elaborados por Bankia con los movimientos de las tarjetas al detalle- podría haber sido manipulado. Pero también alegan que otras pruebas que les beneficiarían no han sido aportadas por el banco; o que lejos de ser opacas, las tarjetas sí podían haberse conocido: Hacienda, el Banco de España y los auditores tuvieron, según ellos, acceso a la documentación necesaria.
La parte más llamativa del discurso de las defensas, sin embargo, resultó también la menos jurídica. Vinieron a quejarse de que la presunción de inocencia de sus clientes se había tirado casi literalmente por los suelos. «Aquí se ha abierto un proceso siguiendo el criterio de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas, pidiendo que se les corte la cabeza» a los acusados prácticamente desde el principio. Este letrado, como varios de sus colegas, dijo tener claro que «las tarjetas eran conocidas por todos». «Todas las personas aquí sentadas han visto arruinada su vida, nada tiene que ver el tema de las tarjetas con la crisis de Bankia», alegó. «La situación exige 65 juicios individualizados, de lo contrario terminaríamos por juzgar una época, un modelo, una historia», agregó la defensa de Rato.
Una decena de procesos a la banca, pero ni un solo directivo en prisión
El de las black es el episodio más llamativo y numeroso -que no costoso- que ha dejado el paso por los juzgados de los responsables de las antiguas cajas de ahorros en España, reflotadas con miles de millones de euros de fondos públicos entre los años 2009 y 2012. Junto a los 65 investigados por las tarjetas en Caja Madrid y Bankia hay otra veintena de ejecutivos que, o bien han sido juzgados (y condenados) este año, o bien lo serán a lo largo del próximo ejercicio. Entre ellos, los responsables de Novacaixagalicia, la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que tras su conversión en banco se embolsaron unas jugosas indemnizaciones millonarias tras mejorar sus contratos justo cuando la caja recibía una inyección de 1.100 millones de euros en ayudas (luego precisó 8.000 más). Fueron cinco los condenados, entre ellos el presidente, Julio Fernández Gayoso, y el director general, José Luis Pego. Todos a dos años de prisión, de tal forma que no fueron obligados a entrar en la cárcel.
Esta situación es la misma que han vivido otros condenados, como los altos cargos de Caixa Penedés, que reconocieron su culpabilidad en un caso similar al gallego; o el jefe máximo de CCM. Ninguno fue al presidio tras un juicio en la Audiencia Nacional. La manchega fue la primera entidad en ser intervenida, en marzo del 2009, y su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, condenado a dos años por ocultar las pérdidas millonarias de la entidad.
Para el 2017 se espera en el banquillo a los altos cargos de las dos entidades que han precisado mayor auxilio del erario: la CAM y Bankia (por su salida a bolsa, con informes que la desaconsejaban). Para los directivos de la primera la Fiscalía pide hasta 17 años de prisión por falsear las cuentas de la entidad y asignar retribuciones más elevadas a su cuadro directivo.
Bruselas reprocha a España su parsimonia para privatizar Bankia
Hace una semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba la decisión de prorrogar dos años, hasta finales de 2019, la esperada privatización de Bankia (donde el Estado tiene más del 60 %), entidad que recibió más de 22.400 millones del Estado a través del FROB (solo ha recuperado 1.627). De Guindos lo justificó, según Colpisa, asegurando que lo que se busca es esperar el momento idóneo para sacar el mayor dinero posible. Y aclaró: «No tenía sentido estar constreñidos por un compromiso autoimpuesto por el propio Gobierno. No quiere decir que aplacemos la privatización, sino que se trata de dar tiempo para encontrar el mejor momento para hacerlo». Sus palabras tenían un destinatario: Bruselas.
Porque ayer, a primera hora de la tarde, la Comisión Europea volvió a recordar a Madrid que es «importante» materializar cuanto antes la desinversión en las dos entidades participadas por el Estado. Se trata de Bankia y de BMN (el grupo formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra). Para BMN también ha habido una prórroga que expira en 2020.
La reprimenda se encuentra recogida en el informe que los hombres de negro del Ejecutivo comunitario y el BCE hicieron a España entre el 17 y el 19 de octubre como consecuencia del rescate financiero del 2012. Es la sexta visita. Hay dos al año y se prolongarán hasta la devolución del 75 % del préstamo de 41.300 millones recibidos, de los que ya se han abonado más de 6.000 de forma anticipada como señal política.
La fecha de corte del informe es el 16 de noviembre. Es decir, que no se tienen en cuenta los acontecimientos posteriores, como el Consejo de Ministros del día 2 de diciembre. Sin embargo, fuentes comunitarias señalaron que la petición de privatizar Bankia y BMN sigue vigente. «Nada ha cambiado», recalcaron.