El Gobierno aplaza sin fecha la rebaja a 1.000 euros para el pago en efectivo

La patronal del comercio había protestado por el impacto de la campaña de Reyes


madrid / la voz

La entrada en vigor del nuevo límite de 1.000 euros para los pagos en efectivo, anunciada en noviembre por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será en el 2017, «más pronto que tarde», pero aún no hay fecha. Así lo confirmaban ayer a La Voz fuentes del ministerio, después de que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, señalara que la rebaja del tope a los abonos en metálico, que desde finales del 2012 está fijada en 2.500 euros, no entrará en vigor el 1 de enero próximo.

De este modo, queda fuera de la nueva exigencia la campaña de Reyes, una de las grandes preocupaciones de las patronales del comercio, que estos días han alertado repetidamente del impacto negativo que para el consumo tendría la nueva restricción al efectivo.

La normativa -al igual que el nuevo impuesto con el que se gravarán las bebidas azucaradas- no se incluyó en los decretos de medidas tributarias y contra el fraude aprobadas en el Consejo de Ministros de la pasada semana, de los que sí formaban parte, entre otros, cambios en las deducciones del impuesto de sociedades, subidas en los tributos especiales o mayor control del IVA.

Confirmado a Bruselas

Según Fernández Moya, el Ejecutivo no tiene intención de aprobarlo antes de que acabe este año, de modo que la rebaja para los pagos en efectivo no entrará en vigor con las campanadas, sino que se incluirá en otro paquete de medidas tributarias que se aprobará a lo largo del 2017. De hecho, el Gobierno así se lo explica a Bruselas en la actualización del Plan Presupuestario recién remitido, en el que señala que el nuevo límite de 1.000 euros, «análogo al establecido en países de nuestro entorno», se incluirá «en un proyecto de ley de medidas en materia tributaria y de lucha contra el fraude fiscal».

El secretario de Estado avanzó que el Ejecutivo está trabajando en el borrador del nuevo impuesto sobre las medidas azucaradas para «tenerlo listo en las próximas semanas» y aprobarlo mediante un proyecto de ley negociado con el resto de los grupos parlamentarios, pero no planteó fecha probable de entrada en vigor del tope al metálico, aunque será a lo largo del próximo año.

El retraso, sin embargo, ha sido acogido con alivio por parte del comercio, cuyas patronales criticaron con dureza la nueva vuelta de tuerca a las transacciones en efectivo. Fuentes de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) recordaban ayer que, pese a que se ha despejado la «incertidumbre» de que la rebaja entrara en vigor inmediatamente e impactara en plena campaña de Navidad, consideran que la medida afectará negativamente al consumo.

Penaliza el consumo

«Creemos que penaliza el consumo porque en España un porcentaje muy elevado de los pagos del comercio se siguen haciendo en efectivo y, si hay muchos consumidores que optan por el metálico, nosotros tenemos que darles todas las opciones de pago que quieran», añadieron desde Anged, subrayando que «un tope tan reducido, que no lo hay en ningún otro Estado de la UE, obliga a todo el mundo a tener tarjeta de crédito, aunque no quiera».

En el mismo sentido, el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, aseguró que la medida «atenta contra la libertad de las personas y es un paso atrás en la libertad del consumidor, cuando el Gobierno es consciente de que el problema real del fraude no radica en los consumidores de a pie, a los que va dirigida esta limitación».

Los mismos argumentos defiende el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, criticando que se ponga bajo sospecha a cualquier consumidor que pague en efectivo: «El fraude hay que combatirlo, pero entendemos que las fuentes de la economía sumergida son más amplias y las grandes bolsas están identificadas. No creemos que esta medida sea eficaz».

Montoro ignora al FMI y dice que «España no necesita subir impuestos y menos el IVA»

«Algún organismo internacional nos recomienda subir impuestos, pero el Gobierno no participa de esa opinión. España no necesita subir impuestos y menos el IVA», aseguró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, respecto a la última recomendación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha hecho al Ejecutivo y justo el día en el que el Banco de España elevó una décima (hasta el 3,2 % del PIB) su previsión de crecimiento de la economía para este año y en dos (al 2,5 %) para el próximo. De hecho, el supervisor considera que en el 2016 se cumplirá con facilidad el déficit del 4,6 % pactado con Bruselas, ya que estima que se cerrará el ejercicio dos décimas por debajo.

Durante su intervención en la sesión de control en el Congreso, el ministro de Hacienda aseguró que gravar más el consumo general no sería una buena idea. «Estamos recaudando más como consecuencia de la actividad económica y el impulso fiscal que ha agilizado este crecimiento económico e, insisto, impulsada por la bajada de impuestos en nuestro países», subrayó.

Una recaudación histórica

Además, avanzó que este año se cerrará con la segunda mayor recaudación tributaria de la historia, en el entorno de los 188.000 millones de euros -entre el 3,2 y el 3,4 % más que el ejercicio anterior-, solo por detrás de los 200.000 millones del 2007, en plena bonanza económica. Al respecto destacó que tal recaudación se había conseguido después de rebajar el IRPF y sociedades, de modo que es atribuible al crecimiento económico. También el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió no escuchar al FMI sobre el IVA.

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