Los secesionistas elevan su desafío pese a crecer el rechazo a la independencia

La política catalana y la realidad social avanzan de espaldas la una a la otra. Mientras aumenta el rechazo ciudadano a la independencia, los partidos secesionistas avanzan en su desafío al Estado, desoyendo a los votantes tanto como desobedecen a la Justicia. El último y más evidente ejemplo sucedió ayer. El barómetro del CEO (el CIS catalán, dependiente de la Generalitat) confirmó que los contrarios a la independencia superan a los partidarios de la misma. Instantes después, Junts pel Sí y la CUP hacían público un comunicado en el que señalaban que han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la ley de transitoriedad jurídica, con la que, según su argumentario, tendrían el amparo legal para convocar el referendo y avanzar hacia la independencia. Para ello, declaró Carles Puigdemont, sería suficiente con que el sí consiguiera la mitad más uno de los votos.

Un criterio que choca con los que se van fijando en los contados países en los que se ha planteado una consulta de separación de una parte del país. Los antecedentes son la segregación de Montenegro de Serbia, en pleno proceso de segregación de la antigua república yugoslava, en la que se requería el 55 % de los votos afirmativos y una participación superior al 50 %. En Canadá, la ley de claridad exige una mayoría evidente, y aunque no fija un listón concreto, sí señala que no basta la mitad más uno, como pretende Puigdemont.

Pero ni aun así. El barómetro del CEO catalán pone de manifiesto el debilitamiento de la opción independentista, que se ve superada en punto y medio por quienes rechazan la separación de España. Es más, si se amplía el espacio de posibilidades, si no se hace un planteamiento binario de independencia sí o no, los partidarios de las opciones de permanencia duplican a los de quienes quieren la secesión. Un 29,2 % quiere un estado catalán dentro de una España federal, y un 23,6 % prefieren que siga siendo una comunidad autónoma. En conjunto, las opciones de permanecer dentro de España suman un 57,3 % de apoyos, frente al 36,1 % de quienes apuestan por la independencia.

Pese a ello, y en contra de los continuados pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Justicia ordinaria, los partidos secesionistas dieron ayer un nuevo paso adelante en su desafío. Junts pel Sí, la coalición electoral que sustenta al Gobierno catalán, y la CUP, la formación antisistema de la que depende la permanencia de Carles Puigdemont en el poder, anunciaron ayer un acuerdo sobre la ley de transitoriedad jurídica. Conscientes de que no tiene amparo constitucional alguno, sus promotores evitaron desvelar el contenido del acuerdo, que pretenden llevar al Parlamento catalán como proposición de ley.

La ley de transitoriedad jurídica forma parte, junto con la de la hacienda y la de la seguridad social propias, de lo que los independentistas denominan leyes de desconexión. Las ponencias parlamentarias que tramitaron estas tres normas ya han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, al igual que hizo con las conclusiones del proceso constituyente.

Despreciada por la oposición

La de transitoriedad es la más importante de las tres, ya que es con la que los secesionistas pretenden dar amparo legal al referendo. Según sus promotores, con ella se dota a Cataluña de un régimen jurídico propio al margen del ordenamiento español. Obviamente, como la normativa actual no prevé tal posibilidad, ese nuevo sistema legal carecería de la legitimidad jurídica necesaria. Y será recurrida por el Gobierno al Constitucional en el mismo instante que llegue al Parlamento catalán. Por eso, fue descalificada por todos los partidos catalanes, salvo sus impulsores. Además de criticar la falta de transparencia de una proposición que se mantiene en secreto, fue calificada de «gesticulación» que no va a ningún lado, en palabras del PSC; de artimaña por Ciudadanos, e incluso Sí que es Pot, la única formación no independentista que apoya el derecho a decidir, la descalificó como «un nuevo placebo».

Los promotores de la ley, que consta de un preámbulo y de nueve epígrafes, solo desvelaron el contenido de su artículo 1, en el que se dice que «Cataluña se constituye en un república de derecho, democrática y social». El texto establece las condiciones del referendo y fija la regulación propia de una constitución provisional.

Junts pel Sí y la CUP podrían quedarse por debajo de la mayoría absoluta

Junts pel Sí, la coalición electoral de la antigua Convergència y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), está pagando un considerable precio por su dependencia política y parlamentaria de la CUP. La suma de diputados del frente independentista sigue en continuo descenso y podría perder la mayoría absoluta, según el barómetro del CEO (el CIS catalán). Junts pel Sí, que en las elecciones autonómicas de septiembre del 2015 obtuvo 62 escaños, conseguiría ahora entre 59 y 61, una horquilla ligeramente inferior a la de hace un mes, cuando la estimación del CEO fue de 60-62. El retroceso va acompañado de una caída de la CUP que aún puede ser mayor, que lograría entre 6 y 8 parlamentarios, hasta cuatro menos de los que tiene ahora. En la parte baja de la horquilla, las fuerzas independentistas se quedarían con 65 escaños, tres menos que la mayoría absoluta. Una frontera de la que se alejarían aún más en porcentaje de voto, ya que solo sumarían un 43,6 %, cuatro puntos menos de los que lograron en los comicios del año pasado.

La tendencia descendente es compartida por Ciudadanos, aunque de forma más moderada. El partido que en Cataluña encabeza Inés Arrimadas perdería un punto que le podría costar hasta tres escaños. En el extremo contrario, el gran beneficiado si ahora hubiera elecciones sería Catalunya Sí que es Pot, que ganaría más de tres puntos y hasta cuatro escaños. Pese a la crisis por la que atraviesa el PSOE en el resto de España, el PSC mejoraría, lo que se podría traducir en dos escaños más. El PP repetiría resultados, o ganaría un diputado más.

---

---

---