El Consejo de Estado afirma que se pudo evitar el riesgo

El ministerio que dirigía Feredico Trillo conocía el riesgo que suponían los vuelos como en el que fallecieron 62 militares españoles que refresaban de Afganistán

Accidente del Yak-42
Accidente del Yak-42

El informe del Consejo de Estado, presidido por José Manuel Romay Beccaría, ex ministro de Sanidad en el Gobierno de Aznar, reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Yakolev 42. «Pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría», señala el documento, según lo publicado. Sí comparte el Consejo de Estado lo establecido por la Audiencia Nacional en el sentido de que la catástrofe se debió al agotamiento y el estrés de los pilotos del aparato y a su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron. Pero, al contrario que los jueces, entiende que del contrato con la empresa NAMSA para ese vuelo no se deduce «un total y completo traslado de responsabilidades» a esa agencia de la OTAN, ya que eso vulneraría la legislación española, que impone al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, especialmente cuando se trata de actividades de riesgo. Y destaca en concreto la importancia de un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército que, el 28 de abril del 2003, casi un mes antes de que se produjera el siniestro, advertía de que «se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS», cuyo mantenimiento es «como mínimo muy dudoso».

El informe concluye que las víctimas sufrieron un daño que va más allá del riesgo de la profesión militar y que «no tienen el deber jurídico de soportar». Y, por ello, establece que el Estado es patrimonialmente responsable, aunque rechaza indemnizar a las víctimas ya que las sumas satisfechas en los últimos 13 años han sido una reparación adecuada.

En la demanda penal, el juzgado sobreseyó la causa contra los seis altos mandos militares imputados de un delito de imprudencia con resultado de muerte. La Audiencia Nacional condenó a tres militares por el falseamiento de identificaciones. El general Vicente Navarro, sentenciado a tres años de prisión, falleció sin cumplir la pena. Y a sus dos subordinados se les indultó en el 2012 la condena de 18 meses.

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