El Gobierno central dio marcha atrás en todos sus copagos menos en el de los fármacos no hospitalarios
10 ene 2017 . Actualizado a las 08:07 h.El famoso copago de medicamentos siempre ha existido. La gran diferencia que estableció el Real Decreto Ley 16/2012 es quién debe abonarlo y cuánto ha de pagar.
¿Cuándo empezó este modelo?
El 1 de julio del 2012 en toda España, salvo en el País Vasco, que se negó a aplicarlo y lo hizo más tarde a raíz de una sentencia del Constitucional.
¿Este es el único copago que hay en la sanidad pública?
Al final sí se ha convertido en el único, pero el Gobierno de Mariano Rajoyreguló algunos más que acabaron por no implantarse ante el enorme rechazo que crearon. Y es que el Real Decreto Ley 16/2012, que pasará a la historia por sus recortes sanitarios, incluye un copago en el transporte sanitario no urgente -las ambulancias-; en la prestación ortoprotésica; en los productos dietoterápicos; e incluso en los medicamentos que se recogen en el hospital, no en los que se utilizan para un paciente ingresado.
Lo curioso es que finalmente ninguno se aplicó. Todos debían entrar en vigor el 1 de enero del 2014 pero simplemente no se cumplieron. En los tres primeros casos, ambulancias, prótesis y dietoterapia, la ministra de Sanidad de entonces, Ana Mato, los metió en un cajón ante las protestas. El de fármacos hospitalarios siguió adelante, pero solo en teoría. Al final el último ministro de la anterior legislatura, Alfonso Alonso, avanzó ya su intención de eliminarlo.
¿Se reducirá el copago?
Por como ha actuado el Gobierno central en otras ocasiones, lo más probable es que se incremente para el tramo más alto de entre 18.000 y 100.000 euros, pero no se reduzca para el más bajo, sino que se mantenga en los 18 euros mensuales.
¿Quién y qué paga?
La diferencia entre el nuevo sistema y el anterior es sencilla. Antes del 1 de julio del 2012 había copago de un 40 % del coste del medicamento para las personas en activo -fuesen cuales fuesen sus ingresos o incluso aunque estuviesen en paro-, y no pagaban nada por sus recetas los pensionistas, sin tener en cuenta su renta. Esto daba pie a situaciones injustas, y de hecho esa siempre fue la defensa del Gobierno del PP, ya que con el modelo anterior un jubilado con una pensión de 2.000 euros no abonaba nada por sus recetas y un parado sí lo hacía.
Ahora los activos pagan el 40, 50 o 60 % de los medicamentos según sus ingresos, y los pensionistas el 10 %, pero con un tope mensual también según su economía. Hay además colectivos exentos -no pagan nada-, como son los parados sin subsidio o de pensiones no contributivas, y colectivos como los afectados del síndrome tóxico, personas con discapacidad en los supuestos que contempla la normativa, o tratamientos de accidentes laborales o enfermedad profesional, entre otros.
¿Es un sistema más justo que el anterior?
Y mucho más económico para el Estado porque los grandes consumidores de medicamentos, los jubilados, antes no pagaban nada y ahora abonan un 10 %. Ahora los grandes protagonistas del gasto farmacéutico pagan, mientras que antes no lo hacían. Los parados sin subsidio son los principales beneficiados, porque a los trabajadores el nuevo modelo tampoco les rebaja el copago, todo lo contrario, antes abonaban el 40 % y ahora los que cobran más de 18.000 euros al año pagan al menos el 50 %.