Prorroga el estado de excepción, vigente desde hace un año
16 ene 2017 . Actualizado a las 07:58 h.La ola represiva que el Gobierno de Nicolás Maduro lanzó la semana pasada contra la oposición venezolana, que se ha saldado con seis detenciones hasta ahora, no ha terminado. Así de claro lo dejó ayer el mandatario, quien advirtió a la Asamblea Nacional que su acto «tan sedicioso como golpista» de declarar que abandonó el cargo de presidente de la República y su negativa a cumplir las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no quedarán impunes. «No les quepa la menor duda de que habrá justicia ante tanto desacato y conspiración», afirmó al presentar su informe anual de gestión no ante el Parlamento, como manda la Constitución, sino ante el máximo juzgado, debido a que este último lo eximió de comparecer ante los diputados bajo el argumento de que estos están inhabilitados porque al negarse a cumplir sus fallos han perdido «eficacia jurídica».
Instantes después de lanzar estas amenazas Maduro aseguró que va «a continuar por la vía de la palabra, del diálogo político» para «lograr procesos de entendimiento que nos conduzcan a una paz y una armonía estable para la sociedad».
Asimismo, anunció que esta semana recibirá el secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper; así como a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana) para intentar retomar las conversaciones entre con la oposición.
«El diálogo no tiene alternativa», dijo. El pasado viernes se debía celebrar la cuarta ronda de negociaciones, pero no ocurrió debido a la negativa de la Mesa de la Unidad Democrática a sentarse con el Gobierno mientras no cumpla con lo prometido (facilitar un canal humanitario para la llegada de alimentos y medicinas, liberar a los presos políticos, reconocer a la Asamblea y fijar un calendario electoral).
Cuarto decreto
Pese a esas ofertas de diálogo el mandatario anunció que seguirá obviando al Parlamento y para ello firmó el cuarto decreto de estado de excepción, para «no depender de nadie», en especial de los diputados, a los que acusó de sabotear su gestión.
El Parlamento, por su parte, rechazó lo ocurrido en el TSJ. «El hecho de que el Presidente no rinda cuentas ante la Asamblea es una demostración más de su abandono del cargo», afirmó el diputado Julio Borges, quien en rueda de prensa acusó a los magistrados de la Sala Constitucional de dar un golpe de Estado. «Los magistrados tienen que saber que ser parte de la violación de la Constitución los hace susceptibles de ser demandados por delitos de lesa humanidad», alertó el legislador opositor.
Por su parte, la exdiputada María Corina Machado llamó a los venezolanos a asumir que en Venezuela «no hay Constitución» y que solo con «la desobediencia cívica, sostenida y creciente, la tiranía será breve».