La élite republicana se revuelve contra el deseo de Trump de reimplantar la tortura

Los portavoces en el Senado y en el Congreso se niegan a darle un cheque en blanco y exigen cumplir la ley


REDACCIÓN / LA VOZ

Las filas republicanas vuelven a estar en ebullición. El armisticio temporal pactado entre sus principales espadas y el presidente Trump tras la victoria electoral de noviembre ya ha caducado con el inicio de la actividad política. Pese a la negativa del portavoz oficial de la Casa Blanca, Sean Spicer, sobre la autoría de un borrador de una orden ejecutiva en la que se derogaban las restricciones a los interrogatorios con torturas a los terroristas, fue el mismísimo Donald Trump el que abrió la puerta a acabar con la ley aprobada por su antecesor, Barack Obama.

«La tortura funciona. El waterboarding -práctica que simula el ahogamiento del sospechoso- funciona. Siento que funciona absolutamente», admitió Trump en una entrevista sin desmentir ni una línea del borrador filtrado a la prensa el día antes y negado de forma vehemente por su portavoz.

Ayer trascendió que, a pesar de los errores de bulto que contiene -como la fecha incorrecta del 11S-, el borrador fue remitido por correo electrónico al personal del Departamento de Seguridad a las 8.41 horas del pasado 24 de enero para su revisión y recogida de sugerencias. El borrador, que se centra sobre todo en la amenaza islamista radical, trascendió casi de inmediato y, aparentemente, ha quedado aparcado a la espera de nuevas instrucciones. En él se incluye la reapertura de los llamados «agujeros negros», las cárceles secretas diseminadas por los cinco continentes en las que los agentes de Inteligencia podían bordear, y rebasar, los límites legales.

Ese silencio oficial sobre el futuro de la orden ejecutiva no contuvo la furibunda reacción de los principales líderes republicanos. Así, Mitch McConell, líder en el Senado, se mostró tajante: «La ley es la ley. La tortura está prohibida y no le vamos a ceder ningún cheque en blanco al Gobierno de Trump. Creo que todos mis compañeros están igual de cómodos en el Estado de Derecho que yo y no vamos a aprobar esa orden ejecutiva».

En términos similares se despachó Paul Ryan, el portavoz en la Cámara de Representantes y uno de los escasos interlocutores del presidente entre los miembros de su partido. «La tortura es ilegal y no estamos de acuerdo con legalizarla», ratificó antes de recordar que el decreto manejado por Trump contravendría no solo las normas fijadas por Obama, sino también otros documentos en vigor, como el manual de campo del Ejército, del 2006, el reglamento de la CIA y otro decreto del expresidente del 2008, que también tendría que ser derogado para facilitar la reinstauración de los controvertidos métodos de interrogatorio.

James Mattis, titular de Seguridad, y Mike Pompeo, ratificado como nuevo director de la CIA esta misma semana, negaron en sus comparecencias ante el Senado que vayan a aplicar las torturas a los «enemigos del país». «Cumpliremos la ley», manifestaron. Trump se limitó a señalar que «dejará que los jefes de Pentágono y la CIA decidan». 

Consultado sobre el ahogamiento durante una entrevista con la cadena ABC, Trump dijo que es necesario «combatir fuego con fuego» ante las decapitaciones de estadounidenses y otras atrocidades perpetradas por los militantes del grupo yihadista del Estado Islámico.

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