El Gobierno les declara ahora la guerra a las hipotecas abusivas

Lo hace forzado por el rapapolvo judicial de Europa


«Esta cuestión de las cláusulas opacas se tiene que acabar ya. Es importante que eliminemos estos espacios de incertidumbre de una vez por todas y actuemos rápido bajo dos premisas: transparencia y claridad». La declaración de intenciones la hizo el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, desde Bruselas, al término de la reunión del Ecofin, el consejo de ministros de Finanzas de la UE, confirmando el compromiso del Ejecutivo para sacar adelante «cuanto antes» una nueva ley hipotecaria que ate en corto a la banca y finiquite los abusos cometidos al calor de la burbuja inmobiliaria y tras su estallido.

La decisión del Gobierno trata de evitar en el futuro bochornos como los que las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han supuesto para el sistema hipotecario español. Aplicar la retroactividad total a las cláusulas suelo declaradas nulas y dar potestad a los jueces españoles para limpiar de exigencias abusivas las hipotecas han sido los dos fallos clave del tribunal de Luxemburgo en el plazo de un mes.

En el primer caso, la sentencia ha abierto la puerta a que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar todo su dinero y ha obligado al Ejecutivo a diseñar un mecanismo extrajudicial que lo posibilite, so pena de colapso en los tribunales. Ahora le tocará el turno a una ley hipotecaria que estos días los banqueros, aprovechando las presentaciones de resultados anuales, alaban, negando la necesidad de una nueva normativa.

«No creo que haga falta un cambio porque es una ley bastante buena, por no decir muy buena. Gracias a ella los españoles han logrado tener un piso en propiedad y tiene, o tenía, un alto grado de seguridad jurídica. Intentemos solucionar los problemas sociales que surgen, y que no son consecuencia de la ley hipotecaria, pero no cambiar una buena ley». Las palabras del presidente del Sabadell, Josep Oliu, resumen la postura común de un sector financiero molesto con el «regocijo general» de los varapalos judiciales a la banca, como lo definió la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.

Tras los últimos revolcones judiciales los cambios parecen inevitables. Y De Guindos los avanzará el martes en el Congreso.

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