Su nómina apenas subirá un 0,25 % anual mientras los precios crecerán sobre un 2 %0
09 feb 2017 . Actualizado a las 08:30 h.Malas noticias para los 8,6 millones de españoles que viven de una pensión de la Seguridad Social. Si el sistema no se reforma, en los próximos seis años perderán hasta un 9 % de su poder adquisitivo. El cálculo, poco alentador, lo puso ayer sobre la mesa Jose Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, que compareció ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso.
Tras cuatro años en los que los pensionistas fueron ganando poder de compra -no por la raquítica subida de sus nóminas, sino por unos precios congelados o en negativo gracias al desplome del petróleo-, la AIReF apunta que este año marcará un punto de inflexión. El organismo estima que la inflación cerrará el año en el entorno del 1,3 %, restando más de un punto de poder adquisitivo a las pensiones, que, como ocurre desde el 2014, solo se revalorizaron un 0,25 %. Y la situación será peor en los próximos años. Escrivá estima que desde el 2018 al 2022 los precios crecerán un 1,8 % anual, mientras las pensiones, si no se remedia el déficit de la Seguridad Social, solo recibirán la subida mínima que fija la ley. Por eso, descontada la ganancia de los últimos cuatro años (que ronda el 2 %), la AIReF calcula que las pensiones sufrirán una devaluación, en términos de poder de compra, de cerca de un 7 % entre el 2013 y el 2022. Si se olvida lo que ha pasado hasta ahora y se toma como punto de referencia este año, el primero en el que los precios crecerán más que sus nóminas, el quebranto para los pensionistas será mayor, del entorno del 9 % (a razón de un 1 % en este 2017 y de más de un 1,5 % en los cinco próximos ejercicios).
Desfase presupuestario
Si Escrivá está tan convencido de que las subidas de las pensiones serán mínimas es porque la Airef no cree que, sin reformas, la Seguridad Social sea capaz de embridar el déficit antes del 2022. Si el año pasado el desfase entre ingresos y gastos fue del 1,7 %, Escrivá avanzó a los diputados que sus cálculos arrojan una cifra muy similar para este ejercicio, lejos del 1,4 % que proyecta el Gobierno, al que Escrivá acusa de pecar reiteradamente de optimista en sus previsiones de ingresos. Los efectos de las últimas reformas, las del 2011 y el 2013, tendrán un «importante efecto» en la reducción del gasto, pero será a largo plazo (lo rebajarán en torno a unos cinco puntos del PIB en el 2050), por lo que hacen falta soluciones más urgentes.
¿Y cuáles pueden ser? Para Escrivá, la «única forma» de equilibrar las cuentas sería aportando al sistema unos 15.000 millones de euros al año, ya sea a través de una inyección presupuestaria o bien por el aumento de las cotizaciones o la reducción del gasto. «El resultado sería el reequilibrio del sistema y la revalorización de las pensiones por encima del mínimo del 0,25 %», sostuvo el experto, que sin embargo matizó que se produciría «a costa de un aumento del gasto público en pensiones a medio plazo, que implicaría un incremento de la deuda, de la presión fiscal o la reducción de otros gastos». Eso sí, más allá de reclamar el equilibrio financiero del sistema, Escrivá no quiso mojarse sobre qué reforma sería la más conveniente, ya que ninguna es «neutral desde el punto de vista redistributivo», y cree que un organismo independiente debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones «más informadas».
Como recordó ayer Escrivá, el déficit de la Seguridad Social no es tanto un problema de ingresos (que también), sino fundamentalmente de gasto, que se ha disparado en los años de crisis, tanto por causas demográficas como puramente económicas. Entre los factores que influyen está el efecto sustitución: los pensionistas que se incorporan cobran bastante más que los que se dan de baja, lo que engorda más la nómina total. En concreto, la paga media de las personas que causaron alta en el sistema se situó el año pasado en los 1.062 euros, un 1,2 % más elevada que la del 2015.